Roberto Santana advierte que el mayor reto del sistema penitenciario está en niños y adolescentes

Santo Domingo. – El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, afirmó que el mayor desafío del sistema penitenciario dominicano no se encuentra en los adultos privados de libertad, sino en los niños y adolescentes en conflicto con la ley.

Santana explicó que estos jóvenes aún están en proceso de formación de su identidad y que, en muchos casos, el Estado interviene de manera tardía, cuando ya se requiere aplicar lo que definió como una “prevención terciaria”.

“Cuando llega la prevención terciaria a un adolescente, al Estado y a la sociedad se les presenta un reto de extrema delicadeza”, expresó durante su participación en un medio de circulación nacional, en el marco de un panel de expertos sobre delincuencia juvenil.

El funcionario sostuvo que esta situación es consecuencia de la ausencia de una prevención primaria efectiva, donde debieron actuar oportunamente la familia, la escuela, la comunidad, las iglesias, el Estado y sus políticas sociales.

“Se trata de una respuesta probablemente tardía, ante la falta de una prevención primaria en la que todos estos actores debieron cumplir su rol”, subrayó.

Santana indicó que el encarcelamiento debe ser el último recurso para los menores en conflicto con la ley y citó el criterio de una académica británica, quien advierte que existe una alta probabilidad de que un adolescente encarcelado termine convirtiéndose en un delincuente adulto.

“Con eso se señala que el último lugar al que debe ser enviado un adolescente o un menor es la cárcel”, precisó.

No obstante, reconoció que existen casos excepcionales, como los sicariatos, en los que no hay alternativas distintas al encierro, aunque insistió en que esta medida puede agravar los problemas emocionales y conductuales de los jóvenes.

“El encarcelamiento es una medida desagradable y excepcional. Ningún Estado debería verse en la situación de tener que aplicarla”, afirmó, al tiempo de advertir que los efectos negativos del encierro son aún más severos cuando se trata de adolescentes.

El titular de la DGSPC destacó que, pese a la complejidad del fenómeno, el Estado ha priorizado medidas alternativas al encarcelamiento, incluyendo programas comunitarios, familiares e intermedios orientados a evitar la reincidencia.

Asimismo, mencionó la propuesta de unificar en una sola institución las políticas públicas dirigidas a los menores en conflicto con la ley. Actualmente, en el país existen seis centros especializados para adolescentes bajo este régimen.

Santana sostuvo que el sistema penitenciario para menores se mantiene en una “situación de estabilidad”, aunque reconoció que no está exento de fallas. “Estabilidad no significa que todo funcione bien, sino que no existe una situación de ausencia de control”, aclaró.

El funcionario reveló además que se han registrado casos de abusos sexuales entre internos varones, una problemática que atribuyó tanto a la vulnerabilidad de los jóvenes como a la necesidad de mayor supervisión y personal especializado.

Entre los avances, resaltó la reducción significativa de la población juvenil privada de libertad en el centro de Hato Nuevo, que pasó de casi 300 internos a poco más de 100.

También informó que se trabaja en retomar la reforma penitenciaria, fortalecer los programas de reinserción social y ampliar el sistema de “medio libre”, que permite a reclusos con parte de su condena cumplida realizar trabajos autorizados judicialmente.

Santana aseguró que la capacitación del personal es clave en este proceso, al señalar que recientemente fueron formados 300 nuevos agentes penitenciarios, y que avanza la sustitución gradual de policías y militares dentro de los recintos. Además, indicó que fue creada una oficina contra la corrupción para enfrentar irregularidades internas.

“En la medida en que se fortalece la rehabilitación, se favorece la reinserción y se reduce la reincidencia”, sostuvo.

Finalmente, precisó que los menores representan apenas el 1 % de la población penitenciaria, mientras que las mujeres constituyen el 2 %. “Los adultos varones somos el 97 %. Los malos somos nosotros”, concluyó.