Participación Ciudadana exige al Poder Judicial evitar impunidad en el caso Medusa y controlar tácticas dilatorias

Santo Domingo. – Participación Ciudadana (PC) exhortó este lunes al Poder Judicial a garantizar un proceso “diligente, imparcial y estrictamente apegado a la ley” en el juicio que se sigue contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en la presunta red de corrupción administrativa del caso Medusa.

La organización advirtió que el sistema judicial enfrenta “una prueba decisiva”, al señalar que los constantes aplazamientos y maniobras dilatorias amenazan con minar la confianza pública y abrir la puerta a un escenario de impunidad.

PC recordó que solo en la fase preliminar del proceso se registraron 94 aplazamientos, y que desde el inicio del juicio de fondo se han producido 12 audiencias suspendidas en 17 meses, muchas asociadas a recusaciones y recursos interpuestos por las defensas.

“Participación Ciudadana solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, como lo ha hecho desde 2017”, expresó la entidad en un documento oficial.

Un caso complejo y sin precedentes

La organización señaló que el país procesa por primera vez una estructura de corrupción “amplia, compleja y con arraigo profundo en la administración pública”. En ese contexto, instó a los jueces a ejercer mayor control frente a tácticas que buscan retrasar o entorpecer el avance del proceso.

Advirtió también que no deben existir privilegios para los acusados de corrupción, y que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de impedir que los plazos procesales sean utilizados para forzar la prescripción de la acción penal.

“El país no puede perder esta oportunidad de avanzar contra la impunidad”, afirmó PC, haciendo un llamado a la Suprema Corte de Justicia y a los jueces encargados del caso para que conduzcan el proceso con la firmeza que demanda la gravedad de las acusaciones.

Aplazamientos bajo sospecha

Participación Ciudadana expresó preocupación por el uso reiterado de aplazamientos desde que el caso fue sometido en 2017. La organización teme que estos retrasos puedan ser utilizados por el exprocurador para alegar prescripción, “por sobrepasar el tiempo que establece la ley”.

Asimismo, denunció que la observación detallada del proceso permite sospechar “connivencia para defraudar al Estado”, al indicar que algunos imputados aseguran no participar en los incidentes que generan retrasos, pero promueven que otros lo hagan.

PC recordó que en el expediente se imputan 40 personas y 22 sociedades por un presunto desfalco al Estado superior a 6 mil millones de pesos, y que la mitad de los imputados han admitido su culpabilidad, señalando a quienes aún no lo han hecho.

La organización también cuestionó el rol de los jueces en el manejo de estas tácticas, señalando que “la ciudadanía no entiende por qué los magistrados no pueden controlar los retrasos claramente intencionales ni llegar a una decisión en un tiempo oportuno”.