¿Quién aprueba negocios en vías primarias?

Se prohibió hace 87 años por la Ley 1474-38, edificar cualquier estructura en los márgenes de 30 metros en ambos lados de las vías.

Con la actual inversión pública de 18 mil millo­nes de pesos, en la autopista Santiago-Santo Domingo, se contabilizan más de 100 negocios irre­gulares con peligrosos y atractivos accesos y letreros generadores de contaminación visual, precipitantes de accidentes.

Violar la ley y además propiciar un crimen de Estado, es aprobar paradores de comida, estaciones de gasolina, plazas comerciales o cualquier estructura encima de los márgenes de la autopista Duarte y cualquier vía primaria.

La red vial nacional acumula 5,403 kilómetros lineales de vías primarias. Conectividades donde el INTRANT va a ganar o perder la batalla contra la inseguridad vial. La nación espera el éxito de esta entidad para superar la maldición mortal de los accidentes severos y mortales en la República Dominicana.

Estudios del Banco Mundial, consultados por el Colectivo de Investigadores y Consultores «Strategius» indican que el Estado dominicano invierte en vías, el doble de cualquier nación latinoamericana. Parte del empresariado aprovecha esta oportunidad y coloca miles de millones de pesos en negocios vio­latorios, construidos casi encima de las autopistas.

Hacia esos comercios, van y vienen sin control, millones de motoristas, que son los que más fallecen en las vías. Para adquirir alcohol, sustancias y otros productos, se mueven a diario 3.5 millones de motocicletas que conforman parte del parque vehicular nacional de acuerdo al inventario anual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Son responsables de esta violación, interpelables por el Congreso y sometibles a la justicia, cientos de empresarios irredentos, alcaldías municipales, Mi­nisterio de Industria y Comercio (MICM) y la unidad de Control de Derecho Vial (CODEVIAL) del Ministerio de Obras Públicas.

Esta última entidad demolió a nivel nacional en 2024, 1,132 obras violatorias, pero sus mandarrias fueron insuficientes porque derrumbaron apenas una parte, olvidándose de los grandes comercios cuyos dueños lucen felices con la masa monetaria que circula por sus manos.

Se precipitan así, severos y mortales accidentes de los 3,100 siniestros que anualmente se producen. Decenas de miles de víctimas fatales y heridos que consumen en clínicas y hospitales, más de RD$ 4 mil, 650 millones de pesos en la atención a los politraumatizados.

Es casi ilusión óptica de redes sociales y medios de comunicación, pretender que prohibir los “giros a la izquierda”, y un nuevo horario de entrada y sali­da del trabajo en Santo Domingo, ayude en algo, al control de los mortales accidentes de tránsito. Pueden ser medidas válidas que necesitan ser parte de un sistema de control y prevención, que no tene­mos.

Un componente es la congestión del tránsito y otro la seguridad vial que arrojó en 2024, 3,114 personas fallecidas por accidentes para una tasa de 34.6 por 100 mil personas, dos veces más alta que América Latina y cinco veces más que la Unión ­Europea.

El Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Territorial (ViOTDR), aliado al INTRANT, MOPC, Ayuntamientos y Liga Municipal, harían una significativa contribución si con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, imponen sanciones y organización de este caos.