Reforma migratoria permitiría hasta 40 años de prisión para traficantes de inmigrantes

Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca reforzar las sanciones contenidas en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en lo que ha sido denominado como una “reforma migratoria”.

La iniciativa forma parte de las 15 medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente Luis Abinader para, según sus palabras, “proteger la soberanía y recuperar el control migratorio del país”. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó la pieza al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Aunque durante su alocución a la nación el mandatario habló de una reforma migratoria, generando expectativa sobre una posible modificación a la Ley General de Migración 285-04 —con 20 años de vigencia—, el proyecto sometido se limita a introducir cambios en cuatro artículos de la Ley 137-03.

Cambios propuestos

Según explicó Peralta, el artículo 2 de la ley será modificado para ampliar la definición del tráfico ilícito de migrantes, incluyendo elementos que, según indicó, la actual normativa no contempla, lo que dificulta una persecución efectiva por parte del Ministerio Público.

En tanto, el artículo 5 incorpora la tipificación de delitos por omisión, como en los casos en que una persona esté legalmente obligada a actuar, por razones de protección, vigilancia o vínculo comunitario, y no lo haga.

Sanciones endurecidas

El proyecto también propone ajustes en el artículo 6, relacionado con la complicidad. En ese punto, se establece una penalización de entre 10 y 15 años de prisión, una multa de entre 350 y 750 salarios mínimos del sector público, y la suspensión de los derechos de ciudadanía.

Respecto al artículo 7, se incrementan las penas para el delito de tráfico ilegal de migrantes. De ser aprobada, la sanción pasaría de 10–15 años de prisión y una multa de 150–250 salarios, a un rango de 12–20 años de prisión y multas que irían desde 750 hasta 1,500 salarios mínimos del sector público. También se contempla la inhabilitación de los derechos de ciudadanía.

Además, el proyecto contempla sanciones agravadas para quienes cometan el delito utilizando armas, causen daño a personas mayores de edad, o provoquen la muerte de la víctima. En estos casos, las penas podrían ascender hasta los 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció que la propuesta será remitida a comisión para su estudio con el objetivo de conocerla con urgencia.

Propuesta paralela en el Congreso

El pasado miércoles, el senador Rafael Duluc depositó una propuesta legislativa con la intención de modificar la Ley General de Migración. De los Santos informó que se esperará el curso del proyecto del Poder Ejecutivo para definir el procedimiento legislativo aplicable a ambas iniciativas.

Entre los elementos contemplados en la propuesta de Duluc figuran la creación de un registro biométrico obligatorio para todos los extranjeros en el país y el establecimiento de un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM). También se plantea aumentar los requisitos para la obtención de permisos de residencia y trabajo, implementar procedimientos expeditos para deportaciones, y desarrollar un protocolo de seguridad migratoria en zonas fronterizas, aeropuertos y puertos.

Además, sugiere que hoteles, empleadores y centros educativos estén obligados a reportar información sobre los extranjeros que contraten o reciban.

Las 15 medidas de Abinader

Entre las acciones anunciadas por el presidente Abinader figura la ampliación de la supervisión fronteriza mediante seis áreas operativas, cada una bajo el mando de un oficial superior. Asimismo, se integrarán 1,500 nuevos soldados a los 9,500 ya desplegados en las provincias fronterizas, además de 750 nuevos agentes de la Dirección General de Migración.

El mandatario también informó que se acelerará la construcción del muro fronterizo, iniciando de inmediato el proceso de licitación para 13 kilómetros adicionales, que se sumarían a los 54 kilómetros ya levantados.

Otras medidas incluyen la modificación del reglamento de los mercados binacionales, el fortalecimiento de las repatriaciones con el apoyo de los gobiernos locales, y la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. También se instaurará un Observatorio Ciudadano sobre la Política Migratoria, con la finalidad de supervisar su ejecución y proponer correctivos desde la sociedad civil.