33 partidos y movimientos minoritarios reciben RD$129.6 millones mientras TSE decide sobre su personería jurídica

Santo Domingo. En un contexto electoral complejo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se prepara para tomar una decisión crucial el próximo 25 de agosto: determinar si 33 partidos y movimientos minoritarios deben conservar o perder su personería jurídica. Mientras tanto, estas organizaciones continúan accediendo al financiamiento público, con un total de RD$129.6 millones asignados para este año, lo que equivale a RD$3,927,272.73 para cada una.

La subsistencia de los partidos minoritarios

La existencia de los partidos y movimientos pequeños a menudo comienza en las urnas, donde logran votaciones mínimas. Sin embargo, su continuidad se ve favorecida por alianzas electorales, interpretaciones administrativas y decisiones de los tribunales que les permiten mantenerse en el juego político.

Presupuesto y financiamiento para 2026

El presupuesto destinado para el año 2026 asigna un total de RD$1,620 millones al financiamiento de todas las organizaciones políticas reconocidas en el país. Este monto se distribuye de la siguiente manera:

• Partidos mayoritarios (PRM, Fuerza del Pueblo y PLD): 80% del total, equivalente a RD$432 millones para cada uno.
• Partidos intermedios (PRD, PRSC, Dominicanos por el Cambio, País Posible y BIS): reciben RD$38.88 millones cada uno.
• Partidos minoritarios (33 organizaciones pequeñas): se distribuyen en partes iguales los RD$129.6 millones.

Es importante destacar que, dentro de este grupo de partidos minoritarios, las diferencias en la cantidad de votos no afectan el monto que reciben. Por ejemplo, el Movimiento Político Águila, que obtuvo 731 votos, recibe la misma asignación que el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, que no registró votos.

Causas para la pérdida de personería jurídica

El artículo 75 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece diversas causas para la pérdida de la personería jurídica. Entre estas se incluye no alcanzar el umbral de votación estipulado por la legislación. Además, la ley también considera la falta de representación congresual o municipal como un motivo para extinguir el reconocimiento legal.

El cambio introducido por el Tribunal Constitucional

En 2021, una decisión del Tribunal Constitucional (TC) modificó significativamente este esquema. La alta corte determinó que era “irrazonable” que una organización perdiera automáticamente su personería jurídica si, a pesar de no alcanzar el porcentaje requerido de votos válidos, había logrado representación directa en un ayuntamiento o en el Congreso Nacional.

Esta decisión del TC salvaguardó la representación obtenida por organizaciones minoritarias, pero no aclaró qué sucede con la representación lograda mediante alianzas con partidos mayoritarios.

Interpretación de la Junta Central Electoral

En 2023, al examinar la situación jurídica del Partido Demócrata Institucional (PDI), la Junta Central Electoral (JCE) adoptó una interpretación más amplia. La JCE concluyó que cuando varios partidos se presentan en una alianza y un candidato es electo, esa representación beneficia a todas las organizaciones que forman parte del pacto.

Esto significa que, para un micropartido, una alianza con una organización mayoritaria no solo se convierte en una estrategia electoral, sino también en un mecanismo para preservar su reconocimiento jurídico y acceder al financiamiento público.

Controversia sobre personería y financiamiento

La controversia sobre el financiamiento de estos partidos ha llegado nuevamente al Tribunal Constitucional. En una sentencia del 11 de agosto de 2026, el TC rechazó el recurso interpuesto por Justicia Social (PJS), PUN y Opción Democrática (OD) contra una decisión del TSE.

La sentencia establece la necesidad de distinguir entre dos cuestiones que a menudo se confunden: conservar la personería jurídica y determinar cuánto dinero público corresponde a una organización que mantiene ese reconocimiento. El criterio establecido vincula el acceso al financiamiento con la condición de organización política reconocida.

La batalla por las 33 personerías

Este es el punto que Proyecto Visión Nación, encabezado por José Cristopher Ramírez, ha llevado ante el TSE, solicitando la anulación de la personería jurídica de 33 partidos y movimientos minoritarios. Los demandantes intentaron detener provisionalmente el desembolso de recursos, argumentando que, si los tribunales ordenan la desaparición jurídica de esas organizaciones, el Estado difícilmente podría recuperar el dinero entregado durante el proceso.

La JCE defendió el reparto de recursos, alegando que estaba aplicando las reglas de financiamiento vigentes y una decisión del TSE que ordenaba financiar a las organizaciones reconocidas. Durante la audiencia, los abogados de la Junta sostuvieron que la solicitud para suspender los pagos “carecía de objeto” porque el dinero presupuestado para 2026 ya había sido distribuido.

Una decisión pendiente y su impacto

El TSE no aceptó congelar los fondos, ya que consideró que la petición no cumplía con las condiciones exigidas por el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para adoptar una medida cautelar. Como resultado, organizaciones que obtuvieron cientos de votos, e incluso una que figura con cero, continúan recibiendo recursos públicos porque, hasta ahora, conservan su reconocimiento jurídico.

Las alianzas electorales y las decisiones de la JCE, el TSE y el Tribunal Constitucional han creado un escenario en el que la votación obtenida no es la única respuesta sobre la supervivencia de una organización.

La próxima fecha clave será el 25 de agosto, cuando el Tribunal Superior Electoral deberá decidir sobre la demanda que busca anular la personería jurídica de los 33 partidos y movimientos minoritarios. Esta decisión será crucial para aclarar cuáles de esos partidos y movimientos conservan legítimamente su personería jurídica y, por ende, su acceso al financiamiento público.

Hasta que se tome esta decisión, persiste una paradoja en la que un movimiento con apenas cientos de votos puede recibir prácticamente lo mismo que otro que no tiene votos, ya que ambos siguen jurídicamente reconocidos.