Si nos detenemos en las acciones de muestra clase predominante de La República Dominicana, es fácil advertir, quienes trazan las pautas en la sociedad, grupos de la sombra, que deciden incluso, nuestra existencia como país, que nos elige desde el congresista, el alcalde, hasta el mismísimo flamante presidente, de lo que desde hace tiempo vengo advirtiendo.

Cuando la elección de un representante no sea producto del votante, sino, que los procesos electorales sean manejados como bancas de apuestas, donde interviene el azar, para quienes apuestan adueñarse de las instituciones y salirse con la suya, ese errático destino del país está sellado y peor, cuando la indiferencia se apodera del ciudadano.

Tenemos que exigir transparentar el financiamiento de campañas políticas, si no queremos terminar como Haití. Una élite corrupta, no puede comprar impunidad montando una farsa electoral, valiéndose del poder económico y medios a su alcance. De lo sucedido el 8 de abril, debemos reponernos y sacar lo mejor, en solidaridad con los familiares de las víctimas, pero dejando a un lado el dolor.

Ya sabemos, que quienes invierten en candidatos no lo hacen pensando en la sociedad, sino, para aumentar sus fortunas sin detenerse ante nada. El pueblo parece ignorar el peligro que significa personajes sin escrúpulo interfieran en los procesos electorales, donde se compromete incluso, la soberanía e independencia nacional, comprando la conciencia de hambrientos por una cerveza y un Pica Pollo.

Es por lo que, en estos momentos estamos frente al desplome de un centro de diversión que mató a cientos de personas nativas y extranjeras, pero que si se tratara de un accidente, que puede pasar en cualquier parte del mundo, no sería problema, pero saber que ocurrió por la actitud de alguien que prevaliéndose del poder no hizo nada para evitarlo resulta indignante.

Y que, desde el gobierno, ni siquiera las formas guardan protegiéndolo, es una advertencia de lo que significa la lucha de intereses entre estos grupos. Eso ha llevado al desplome de la justicia, no porque muchos no quieran hacerlo bien, sino, porque estos son vacas sagradas e intocables.

El Jet Set, no podía ser inspeccionado, porque esto era “marca país”, según les dijeron fiscales a residentes de El Portal, cuando fueron a quejarse del establecimiento. Marca país, revestida de la impunidad del propietario, que debió derrumbarse encima de tantas personas que sólo buscaban divertirse y que en estos momentos sólo nos queda el desconcierto y el dolor, pues si bien es cierto que ahí mayormente murieron personas acaudaladas, pero hablamos de vidas productivas, que se perdieron por la impunidad con que se maneja el Estado dominicano.

El desconsuelo es mayor, al ver que nuestra juventud fue neutralizada de la peor manera, pues los clubes, que eran centros de adoctrinamientos sobre el compromiso social y político desaparecieron y estos muchachos están secuestrados por la adicción. ¿Cómo creer en un sistema, donde al presidente y su séquito nos los imponen particulares?

Los muertos en esta tragedia se pueden enterrar y hasta olvidar, pero difícil es hacer lo mismo con tanto dolor causado por alguien, que amparado en el poder provocó la tragedia más grande de nuestra historia republicana, porque estamos bajo el dominio de una élite criminal, que ha convertido el ideal de Duarte en un Estado colapsado junto a sus instituciones.

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Los candidatos a rectores en la UASD, y los demás candidatos a cargos universitarios, deben de estar plenamente conscientes de la realidad que vive la academia y sus graves problemas, que limitan su desarrollo académico científico, que la alejan cada día más del camino de la excelencia académica.

Es importante que los candidatos estén dotados de una alta integridad ética y moral, para que no caigan, ni se presten a la politiquería, ni al grupito anti-UASD, que tanto daño han hecho a la Academia.

El grupito anti-UASD, se ha opuesto al proceso de Reforma y Transformación Universitaria; y sigue tratando de abortar este proceso. El Consejo Universitario debe convocar de urgencia el Claustro Mayor para aprobar el proyecto de Estatuto Orgánico. Y son los mismos que mantienen a la universidad en condiciones de ilegalidad, en delito de desacato judicial, al no cumplir con la Sentencia del Tribunal Constitucional, que favorecieron a los exfuncionarios jubilados de la UASD, ni cumplieron con las tres resoluciones del Consejo Universitario que sirvieron de base a dicha Sentencia.

La condición de desacatados de los exrectores de la UASD: Iván Grullón Fernández, Emma Polanco Melo y del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, por no cumplir el mandato de la Sentencia del Tribunal Constitucional, refleja el grado de politiquería y clientelismo que ha llegado la UASD.

Los candidatos a rectores deben estar conscientes de esta realidad para que en su gestión no caigan en la lista de los rectores desacatados.

Los desacatados de la UASD son proclives de sanciones penales y administrativas por el delito señalado, pero más importante, es la sanción moral de la familia universitaria para que sean inhabilitados de cualquier función pública.

El Consejo Universitario y el Claustro Mayor deben aprobar la propuesta del Estatuto Orgánico, que contiene el nuevo artículo del Tribunal Disciplinario y Garantía de Derechos, un régimen de consecuencia.

Los candidatos a rectores deben comprometerse a sacar a la academia de la ilegalidad y
rescatar la ética y la integridad moral en el seno de la UASD.

Franklin Rosa.

El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en sus  discursos de campaña prometió que en un gobierno
suyo, en el país no iba a quedar un solo inmigrante indocumentado haitiano, porque iba a aplicar con rigor la ley de Migración, la cual no se estaba aplicando.

Durante la gestion pasada y en la actual, se han realizado operativos a través de la Dirección General de Migración (DGM) para la deportación de indocumentados haitianos. Sin embargo, hay lugares que parecen protegidos e intocables para dicha dirección.

¿Cómo es posible que el actual Director de dicha institución, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester no tuviera conocimientos de la gran cantidad de indocumentados que habitaban los lugares denominados «Hoyo de Friusa y Mata Mosquitos», para realizar un operativo de deportación?

Hubo que realizar una marcha y una protesta popular en contra de lo que allí estaba ocurriendo para que se actuara en consecuencia. Las mismas fueron impedidas de llegar hasta ese último lugar con bombas lacrimógenas, lo que demuestra que ahí se estaban ocultando y protegiendo acciones  delincuenciales.

El  gobierno se puso como meta la deportación de unos 10 mil indocumentados semanales, lo que resulta casi impisible, pues el Estado no cuenta con la suficiente logística para estos fines.

A los que realmente se lograban deportar del país, por un lado salían y por el otro ingresaban como perro por su casa, fruto de la corrupción imperante en los diferentes puntos fronterizos, a pesar de la tan cacareada parafernalia de los miles de  soldados colocados en la frontera, de la utilización de armamentos sofisticados, equipos tecnológicos, drones, aviones, helicópteros, carros y camiones blindados, tanques y los puntos de chequeos, anunciada por el gobierno.

Recientemente, en una de las últimas ruedas de prensa semanales, el Presidente Abinader anunció unas 15 medidas para frenar la inmigración ilegal de haitianos, algunas de las cuales se han venido aplicando desde hace un tiempo, sin ningún resultado positivo.

Entre esas medidas, se citan: el aumento de 1,500 soldados en la frontera, la construcción de 13 kilómetros más del muro fronterizo; el cobro a las parturientas haitianas en las diferentes maternidades, la exigencia de los documentos de identificación y su domicilio; el control y el sometimiento a la justicia de los propietarios de viviendas rentadas a nacionales haitianos indocunentados.

Las mismas se prestan para actos de corrupción y para operaciones dolosas. Los ayuntamientos están obligados a colaborar con su cumplimiento y control, a través de la realizacion de un censo poblacional.

También está lo de la dominicanización del trabajo. Sobre esta medida, el Presidente Abinader propone un aumento salarial de 25 % en las zonas francas y un 30 % en turismo a los trabajadores. Algunas de esas medidas, en la práctica han sido rechazadas hasta por algunos de sus ministros. El propio ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz expresó hace unos meses que sin la mano de obra haitiana no habrá agricultura en el país.

En estos monentos, las diferentes labores: agrícolas, de construcción, domésticas y últimamente, las hoteleras, están siendo realizadas por la mano de obra haitiana indocumentada. La muestra de ello es la gran cantidad de nacionales haitianos indocumentados que deambulan por las calles de las provincias y municipios del país.

Lamentablemente, la propia Policía Nacional está contribuyendo con la inmigración ilegal de haitianos, pues muchos de sus miembros apresan a los indocumentados, sin corresponderles esta labor, para exigirles luego una suma de dinero para ponerlos en libertad.

Señor Presidente. La verdadera dominicanización del trabajo solo se logrará si se aplica el Artículo 135 del Código Laboral, que exige la aplicación del 80-20 , es decir, que por cada 100 trabajadores en una empresa, 80 por lo menos, deben ser domimicanos y el fmrestante 20, extranjeros. De lo contrario sería hacer más de lo mismo.

Alfredo Cruz Polanco alfredocruzpolanco@gmail.com

El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional y
Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016