Deuda supera los RD$800 millones en Patronato Cibaeño contra el Cáncer, según querella

El Patronato Cibaeño Contra el Cáncer en Santiago, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao, presentó una querella formalante el Ministerio Público en contra de la pasada directiva de la institución, acusada de presunta malversación de recursos que, según la investigación preliminar, superarían los ochocientos millones de pesos.

El doctor Yván Alexis Mercader Mateo, en representación del Patronato Cibaeño Contra El Cáncer, presentó una querella formal y constitución en actor civil ante el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuradoría General de la República.

La querella es en contra el expresidente del patronato, Héctor Antonio Lora Cruceta, a su exesposa, Dilcia I. Vargas Sánchez, a su actual pareja, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, y a la Fundación Tocaterd, por graves imputaciones que incluyen la violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano y la Ley sobre Lavado de Activos.

Los estatutos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, que rigen el Instituto Oncológico Regional del Cibao, establecen que la presidencia de la Junta Directiva no puede extenderse más allá de dos periodos consecutivos, cuatro años en total, y que sus cargos son honoríficos.

Sin embargo, el entonces presidente Héctor Antonio Lora Cruceta permaneció siete años en el cargo, y de acuerdo a los documentos depositados, se asignó 600 mil pesos mensuales bajo el concepto de gastos de representación.

Según la querella presentada, Lora Cruceta habría conformado una estructura criminal junto a su exesposa Dilcia I. Vargas Sánchez; su actual pareja Luisa Yasiris Guzmán de Lora, y la Fundación Tocaterd, para desviar fondos públicos y donaciones privadas destinados a la atención oncológica.

Entre las irregularidades detectadas figuran cobros indebidos a aseguradoras, sobrefacturación de medicamentos de alto costo y transferencias a entidades vinculadas.

Las nuevas autoridades calculan que el Instituto acumula deudas por más de 800 millones de pesos, lo que ha comprometido la economía del centro.

El Ministerio Público investiga a los imputados por asociación de malhechores, lavado de activos, abuso de confianza y estafa, bajo el amparo del Código Penal y la Ley 155-17.