Afamoto afirma que el reto es hacer cumplir la Ley 63-17 y regular a millones de motociclistas

Santo Domingo. – La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) ha declarado que el verdadero desafío para mejorar la seguridad vial en la República Dominicana no se centra en la creación de nuevas leyes, sino en asegurar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La necesidad de identificación de motociclistas

La entidad enfatiza la importancia de que los aproximadamente cuatro millones de motociclistas que circulan en el país cuenten con licencias de conducir y placas que faciliten su correcta identificación.

Fortalecimiento de la fiscalización

Darío Lama, presidente de Afamoto, subrayó la necesidad de:

• Fortalecer la fiscalización.
• Aumentar la presencia de agentes de tránsito.
• Desarrollar mecanismos de control más eficientes para identificar a los conductores que infringen las normas de tránsito.

“Estamos interesados en la venta de motocicletas en el país, pero también somos conscientes de que las violaciones a las leyes de tránsito y los derechos de terceros por parte de algunos motociclistas han alcanzado niveles preocupantes”, expresó Lama.

Propuesta de sustitución de la carta de ruta

Lama explicó que la asociación ha propuesto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la eliminación de la denominada “carta de ruta”, un documento utilizado durante años para circular sin placa tras adquirir una motocicleta.

En su lugar, sugiere la implementación de placas provisionales similares a las que utilizan los vehículos de motor.

Desarrollo de nuevas placas

Además, indicó que la DGII está trabajando en la creación de nuevas placas alfanuméricas, más visibles y reflectivas, que facilitarán la identificación de las motocicletas mediante cámaras de vigilancia y otros sistemas tecnológicos de control.

También propuso restablecer el marbete anual para motocicletas, con el objetivo de obtener información más precisa sobre el parque vehicular nacional.

Capacitación de conductores

En cuanto a la formación de los conductores, Lama valoró los avances realizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la obtención de licencias, que incluyen cursos de formación, exámenes teóricos y pruebas prácticas.

No obstante, consideró esencial ampliar estos programas para incluir a millones de motociclistas que actualmente circulan sin la debida autorización.

Impacto económico y social del sector

Durante una entrevista con un medio de circulación nacional, los directivos de Afamoto destacaron la importancia económica y social del sector. Según un estudio realizado por la entidad a finales de 2024, en la República Dominicana operan alrededor de 180,000 motoconchistas, cifra que supera la cantidad de empleados de las zonas francas.

Motocicletas como solución de movilidad

Juan Carlos Andrade, miembro de la junta directiva de Afamoto, afirmó que la motocicleta representa una solución de movilidad para una parte significativa de la población dominicana. El desafío, según él, es organizar y regular el sector sin afectar a miles de familias que dependen de esta actividad.

En el Gran Santo Domingo, los motoconchos movilizan diariamente cerca de 1.5 millones de personas, funcionando como un importante enlace entre barrios y comunidades con sistemas de transporte masivo como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y los corredores de autobuses.

Afamoto también se opone a las propuestas que buscan restringir la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en estos vehículos. Los representantes de la entidad argumentan que tales medidas no resolverían los problemas de tránsito y afectarían a millones de ciudadanos que utilizan este medio para desplazarse diariamente.

Se estima que durante 2026 podrían importarse alrededor de 300,000 motocicletas, manteniendo la tendencia de crecimiento observada en los últimos años.

Compromiso con la seguridad vial

Finalmente, Afamoto reiteró su apoyo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la aplicación de las normas vigentes mediante una mayor presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como a la implementación de las medidas tecnológicas que prevé desarrollar la DGII.