Acuerdo migratorio con EE. UU. genera debate regional sobre soberanía y seguridad

Santo Domingo. – La reciente firma del acuerdo migratorio entre el Gobierno de Luis Abinader y los Estados Unidos ha suscitado un intenso debate político y social en la República Dominicana. Este pacto permitirá el tránsito e ingreso temporal de migrantes extranjeros deportados desde territorio estadounidense, lo que ha generado reacciones en otros países como Panamá, Costa Rica y Ecuador, todos miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

La medida ha despertado inquietudes en diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionan las implicaciones del acuerdo en relación con la soberanía nacional, los derechos humanos y el papel de estos países en la estrategia migratoria de EE. UU. en la región.

Argumentos a favor y en contra

Los gobiernos involucrados defienden que los acuerdos son necesarios por razones de seguridad nacional y estabilidad estratégica. Sin embargo, la opinión pública ha manifestado críticas y demandas de mayor transparencia sobre los compromisos asumidos y su alcance real.

Reacciones en la República Dominicana

En la República Dominicana, el debate ha escalado al ámbito político. Analistas y organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de subordinación a los intereses estadounidenses y cuestionan la falta de información pública sobre los aspectos logísticos y operativos del acuerdo.

Situación en otros países de la región

Costa Rica, que firmó un convenio similar en marzo de este año para recibir hasta 25 migrantes deportados por semana, ha enfrentado una fuerte polarización interna. Mientras el Gobierno costarricense defiende el acuerdo como parte de su papel como aliado estratégico de Washington, sindicatos policiales y grupos defensores de derechos humanos han cuestionado la capacidad operativa del país para manejar estos flujos migratorios.

En Panamá, las autoridades ven el acuerdo dominicano de manera positiva, considerándolo como una medida que ayuda a reducir la presión migratoria proveniente del sur del continente, especialmente tras los esfuerzos realizados para controlar el flujo por el Tapón del Darién.

Por otro lado, Ecuador ha mantenido una postura favorable hacia la República Dominicana y Estados Unidos. Los medios ecuatorianos destacan el acercamiento diplomático entre los gobiernos de Luis Abinader y Daniel Noboa, en un momento en que ambos países están negociando un Acuerdo Comercial Parcial.

En los cuatro países, Estados Unidos asume los costos operativos de los programas, lo que los gobiernos presentan como una oportunidad para fortalecer sus sistemas migratorios sin afectar sus presupuestos nacionales.

Cuestionamientos sobre el acuerdo

No obstante, uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la posibilidad de que estos países terminen funcionando, en la práctica, como “terceros países seguros” para migrantes deportados desde territorio estadounidense. Persisten interrogantes sobre:

• El tiempo de permanencia de los deportados.
• Los lugares donde serían alojados.
• Los protocolos de seguridad.
• Las normas que regirán su estadía temporal.

Posición del Gobierno dominicano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ha insistido en que el acuerdo tiene carácter temporal y no vinculante. Aclara que no aplica para ciudadanos haitianos, menores no acompañados ni personas con antecedentes criminales. Además, sostiene que:

• Los migrantes en tránsito no ingresarán al sistema migratorio dominicano ni podrán solicitar refugio en el país.
• Cada caso será evaluado previamente por las autoridades nacionales antes de autorizar su ingreso.
• El memorando puede ser cancelado unilateralmente por cualquiera de las partes.
• No requiere aprobación congresual ni revisión del Tribunal Constitucional.

Demandas de transparencia y advertencias

A pesar de las aclaraciones del Gobierno, sectores de oposición, organizaciones civiles y expertos en geopolítica continúan reclamando mayor transparencia y advirtiendo sobre posibles implicaciones logísticas, operativas y de soberanía derivadas del acuerdo.