Corrupción administrativa: solo tres exfuncionarios del Gobierno de Abinader han sido procesados judicialmente

Santo Domingo. – A pesar de los anuncios oficiales sobre investigaciones por denuncias de corrupción administrativa contra directores y ministros de instituciones públicas durante el Gobierno del presidente Luis Abinader, hasta este sábado solo tres exfuncionarios han sido llevados ante la justicia por hechos vinculados al mal desempeño de sus funciones.

Se trata de los exadministradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quienes recientemente se sumó Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalado por presunta corrupción administrativa y dejado bajo arresto este sábado tras varias horas de interrogatorio en la Procuraduría General de la República.

En el caso del Intrant, además de Hugo Beras, otros cinco empleados de la institución fueron sometidos a la justicia. De igual manera, en el expediente de la Lotería Nacional, al menos cinco colaboradores de la entidad resultaron procesados.

Caso Hugo Beras

El caso que involucra a Hugo Beras salió a la luz pública en septiembre de 2024, luego de que a finales de agosto se produjera un apagón masivo en la red semafórica del Gran Santo Domingo. Este hecho destapó la adjudicación de contratos millonarios y presuntamente fraudulentos a las empresas Transcore Latam y Aurix, propiedad del empresario José “Jochi” Gómez Canaan, las cuales —según el Ministerio Público— no contaban con las capacidades técnicas requeridas.

Además de Beras, el órgano acusador imputó a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante del Intrant ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas, exdirector financiero del Intrant.

Asimismo, Jochi Gómez fue acusado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios, dentro del denominado plan de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, expediente que el Ministerio Público bautizó como “Operación Camaleón”.

A Beras, Gómez y Padovani Báez se les impuso inicialmente una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Mientras tanto, a Baquero Sepúlveda y Díaz Warden se les impuso garantía económica de RD$2 millones, impedimento de salida y presentación periódica. Álvarez Carbuccia y Peguero Vargas recibieron garantía económica de RD$1 millón, además de las mismas medidas restrictivas.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2024, el tribunal varió la prisión preventiva impuesta a Beras, Gómez y Padovani Báez, al considerar que no existía peligro de fuga ni riesgo procesal. El proceso continúa siendo conocido por la justicia dominicana.

El 27 de octubre de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio contra los imputados y siete empresas vinculadas. Al expediente también se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Caso Luis Maisichell Dicent

El 1 de mayo de 2021 se evidenció en televisión nacional un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, hecho que derivó en la detención de diez personas, incluido su administrador, Luis Maisichell Dicent, bajo acusaciones de asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.

En el proceso también fueron implicados Valentina Rosario Cruz, presentadora; Jonathan Brea, empleado del Departamento de Sorteos; Carlos Berigüete, técnico en informática; Miguel Mejía, persona no vidente utilizada para simular el sorteo del boleto 13, y Rafael Miguel Mesa, responsable del transporte de los no videntes empleados por la institución.

Asimismo, fueron procesados el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), William Lisandro Rosario Ortiz; Felipe Santiago Toribio; Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Seis de los acusados admitieron los hechos y alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público. No obstante, en el expediente conocido como “Operación 13”, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a Luis Maisichell Dicent y a Edison Manuel Perdomo Peralta, alegando insuficiencia de pruebas. Posteriormente, la sentencia fue ratificada por una corte de apelación.

William Lisandro Rosario Ortiz fue condenado a siete años de prisión, mientras que Eladio Batista Valerio recibió una condena de seis años, ambos a cumplir en el CCR Najayo Hombres. Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio fueron condenados a cinco años, con parte de la pena suspendida, mientras que Miguel Mejía y Rafael Mesa recibieron penas totalmente suspendidas.

El Ministerio Público informó que apelaría la sentencia, aunque hasta la fecha no se conocen avances de dicha acción.

Otras investigaciones anunciadas

El 30 de octubre de 2021 se inició una investigación contra el entonces director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, tras un reportaje que lo vinculaba a la adjudicación presuntamente irregular de un contrato a la empresa internacional Mia Cargo. El Ministerio Público y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental asumieron las indagatorias, y Peguero fue interrogado en varias ocasiones.

En 2023, el propio exfuncionario solicitó públicamente que se informaran los resultados de la investigación, alegando que el proceso había afectado su vida personal y profesional.

También en 2021, las autoridades anunciaron pesquisas en torno a la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, separada de sus funciones tras denuncias que advertían sobre supuestos intentos de beneficiar empresas en procesos de licitación. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales de esa investigación.

Durante la pandemia de la COVID-19, en diciembre de 2020, Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, distribuyó aproximadamente RD$100 millones a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno, a cambio de presentaciones virtuales. Posteriormente, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas recomendó sanciones administrativas contra los funcionarios involucrados por irregularidades en la contratación de 55 artistas por más de RD$55.6 millones, sin que dichas sanciones llegaran a conocerse públicamente.

De igual forma, en agosto de este año, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, anunció que sometería a la justicia al exadministrador de Edeeste, Manuel Mejía Naut, por la supuesta manipulación de facturas eléctricas a más de 42 mil clientes, aunque hasta el momento no se ha informado si la acusación fue formalmente presentada.

Caso Senasa

Finalmente, el sábado 13 de septiembre, el Gobierno depositó ante la Procuraduría General de la República un informe que revela “graves irregularidades” en la gestión de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), relacionadas con la adjudicación de contratos.

El expediente surge luego de una serie de reportajes periodísticos que denunciaban presuntos actos de corrupción administrativa. Este sábado, Hazim compareció ante el Ministerio Público para responder interrogantes sobre el caso y, tras varias horas de interrogatorio, se informó que fue detenido.