Aplazan por tercera vez medida de coerción contra imputados en Operación Discovery 3.0 en Santiago

Santiago. – La jueza Yiberty Polanco, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo miércoles 27 de agosto la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la supuesta red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.

Es la tercera ocasión en que se pospone el proceso, esta vez debido a la sobrecarga de trabajo del tribunal. La magistrada inició la jornada en horas del mediodía tras conocer otros expedientes y solo pudo avanzar con la lectura parcial del expediente acusatorio, que supera las 300 páginas.

Durante la audiencia apenas se logró exponer el relato fáctico correspondiente a un imputado, equivalente a 54 de las 306 páginas del documento.

El tribunal dispuso que la audiencia continúe el miércoles a las 10:30 de la mañana, con la posibilidad de dividir el proceso en varias sesiones, miércoles y viernes, debido a la extensión del caso.

Los imputados

En el proceso figuran como acusados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, a los que se sumó recientemente Gipsy Pamela Castaños García, señalada como presunta testaferra de la red.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados, además de que el caso sea declarado complejo.

Modus operandi y monto del fraude

Según la acusación, la organización utilizaba sistemas de voz sobre IP (VoIP) y VPN para ejecutar la denominada “estafa de los abuelos”, dirigida principalmente contra adultos mayores residentes en Estados Unidos.

Los beneficios ilícitos eran lavados mediante testaferros, compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y creación de empresas.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, informó que el fraude supera los 5 millones de dólares, mientras que los bienes incautados en República Dominicana ascienden a unos 500 millones de pesos.

Aplazamientos anteriores

La medida de coerción ya había sido aplazada en dos ocasiones: la primera a solicitud de las defensas, para revisar la acusación en el expediente físico; y la segunda a petición del Ministerio Público, para estudiar los presupuestos depositados por los abogados de los imputados.