Administrador del Banco Agrícola destaca avances y responde a señalamientos

Santo Domingo. –  medio de cuestionamientos dirigidos al Banco Agrícola, su administrador, Fernando Durán, ofreció detalles sobre los logros y avances alcanzados por la entidad durante los últimos cinco años.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Banco Agrícola, Durán se refirió al tema de las provisiones, reconociendo que la institución presenta faltantes en ese renglón, una situación —según explicó— que se arrastra desde gestiones anteriores.

“En cuanto a las provisiones, desde el año 2012 el banco presenta faltantes, y ha sido en esta gestión cuando se ha diseñado un plan de remediación, en coordinación con la Superintendencia de Bancos. Solo en este año 2025 se han destinado alrededor de 1,500 millones de pesos para la constitución de provisiones”, expresó Durán, sin precisar el monto total del déficit acumulado.

El administrador resaltó, además, el crecimiento sostenido de la institución, indicando que los activos del Banco Agrícola pasaron de 26,912 millones de pesos en el año 2020 a 45,871 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 70 %.

La simpatía política no es un factor

Durán enfatizó que la simpatía política no constituye un criterio para la aprobación de financiamientos y aseguró que a ningún productor se le cuestiona sobre ese aspecto al momento de formalizar un préstamo.

“El Banco Agrícola formaliza semanalmente entre 500 y 600 millones de pesos en préstamos dirigidos a productores y empresarios del sector agropecuario, a través de 32 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional. Estas oficinas reciben diariamente a cientos de productores que tienen en el banco su principal fuente de financiamiento, y a ninguno se le pregunta por simpatías políticas ni por ningún otro aspecto ajeno a los requisitos financieros”, señaló.

Agregó que todos los préstamos otorgados se rigen por las normativas y regulaciones vigentes del sistema financiero, las cuales establecen los mecanismos para canalizar los créditos dirigidos a Personas Expuestas Políticamente (PEP). En ese sentido, precisó que a todo deudor “lo mínimo que se le exige es la firma de un pagaré notarial”.