ACIS anuncia recurso de inconstitucionalidad contra Ley 98-2025 por impacto al sector productivo

Santiago. – La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) expresó su preocupación por la promulgación de la Ley 98-2025 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la normativa tendría un impacto negativo en el sector productivo nacional.

La entidad sostuvo que, en varios de sus aspectos, la nueva legislación genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza del sector productivo y podría entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales.

Durante una rueda de prensa, en la que participaron directivos de organizaciones como la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Anadive y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), la ACIS reconoció la potestad del Congreso Nacional para legislar en materias de interés público. No obstante, advirtió que el 92 % de las medianas y pequeñas empresas se verían afectadas por la aplicación de la ley, lo que, a su juicio, podría traducirse en pérdida de empleos.

En el documento leído por Máximo Zapata, representante legal de la ACIS, se recordó que toda normativa debe ajustarse de manera estricta a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, conforme a la Constitución de la República y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según el análisis presentado por la organización, la Ley 98-2025 introduce disposiciones que podrían convertirse en cargas excesivas para la actividad comercial e industrial, además de otorgar amplias facultades discrecionales a la administración pública, sin una delimitación clara de los mecanismos de control.

Esta situación, afirma la ACIS, incrementa el riesgo de interpretaciones arbitrarias y de conflictos legales innecesarios.

“La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos. Cualquier normativa que genere ambigüedad o discrecionalidad excesiva impacta negativamente la competitividad y la estabilidad institucional del país”, manifestó la entidad.