Abinader observa ley para pagar deudas antiguas a contratistas por falta de montos y certificación

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader devolvió a la Cámara de Diputados la ley que autoriza el pago de deudas antiguas del Estado a un grupo de contratistas, al advertir que la normativa aprobada por el Congreso no establece el monto exacto del desembolso ni identifica de manera formal y verificable a las empresas y ciudadanos beneficiarios.

La decisión fue comunicada mediante una carta enviada el pasado viernes a los legisladores, en la que el mandatario explica que el proyecto carece de los elementos mínimos de certeza financiera y exigibilidad jurídica necesarios para comprometer recursos públicos.

La pieza legislativa fue aprobada el 12 de enero, bajo un procedimiento de urgencia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y autoriza el pago de centenares de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal, algunas de ellas con hasta 30 años de antigüedad.

Aunque la ley no especifica el monto total de la deuda, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), entidad que elaboró la propuesta, ha estimado que esta rondaría los RD$2,000 millones.

Falta de respaldo financiero y jurídico

En su comunicación, el presidente Abinader citó el artículo 233 de la Constitución, que obliga al Poder Ejecutivo a programar los ingresos y gastos del Estado, subrayando que no es posible autorizar pagos sin contar previamente con información financiera precisa.

Asimismo, señaló que la ley carece de fundamentos documentales que respalden de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado de las personas y empresas incluidas en el listado anexo, lo que —a su juicio— debilita la seguridad jurídica de la normativa.

Aunque reconoce que los contratistas fueron mencionados por nombre en el proyecto aprobado, Abinader solicitó que se les identifique con mayor rigor, acompañando la información con documentos que certifiquen la ejecución efectiva de las obras reclamadas.

Más de 500 contratistas incluidos

El proyecto de ley enumera a más de 500 empresas y ciudadanos que, según la propuesta, el Estado adeuda por trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructuras. No obstante, la normativa no adjunta contratos, actas de recepción ni certificaciones técnicas que validen dichas reclamaciones.

Entre las entidades públicas señaladas como deudoras figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la Junta Central Electoral y la Alcaldía del Distrito Nacional.

De acuerdo con el listado, los contratistas con mayores montos reclamados incluyen a Wagner Manuel Mosquea, el ingeniero Arturo Aníbal Rincón y Miguelina Rincón Santana.

Trámite pendiente en el Congreso

Con la devolución del proyecto, el Congreso Nacional deberá acoger o rechazar las observaciones del presidente, sin posibilidad de introducir modificaciones adicionales al texto, conforme a lo establecido en la Constitución.

Según el artículo 103 constitucional, los legisladores disponen de dos legislaturas ordinarias para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. De no hacerlo dentro de ese plazo, la ley quedaría aprobada automáticamente con las objeciones formuladas por el presidente.