Henry Cerda denuncia crisis estructural en el sistema judicial y advierte violaciones a derechos fundamentales

Santiago. – El abogado Henry Cerda, ex procurador general adjunto, docente universitario y dirigente de la Fuerza del Pueblo, advirtió que el sistema de justicia dominicano atraviesa una profunda crisis estructural marcada por la sobrecarga laboral de los jueces, la mora judicial, la falta de recursos y prácticas que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales.

Durante una entrevista en El Café de Diario 55, Cerda sostuvo que la huelga convocada para el 21 de mayo por jueces y servidores judiciales debe interpretarse como un llamado de atención a las autoridades y no únicamente como una reivindicación salarial.

El jurista afirmó que la raíz del problema no se limita a la Suprema Corte de Justicia, sino también a la falta de voluntad política para asignar mayores recursos al sistema judicial.

“El problema no está solo en Luis Henry Molina. Hay que exigirle al presidente que destine los recursos necesarios”, expresó.

Cerda recordó que históricamente no se ha cumplido con el porcentaje presupuestario que debería recibir el Poder Judicial y el Ministerio Público, pese al impacto de la inflación y al deterioro de las condiciones laborales de jueces y fiscales.

Sobre el paro judicial, señaló que la Ley de Carrera Judicial contempla sanciones en casos de interrupción del servicio, aunque consideró legítimos los reclamos del sector.

En otro aspecto, denunció que existe una presión excesiva sobre los jueces para producir sentencias rápidamente, lo que afecta la calidad de las decisiones judiciales.

“Hay una sobrecarga de trabajo tan inmensa que no les da abasto”, afirmó.

Cerda también se refirió a los salarios dentro del sistema judicial y detalló que un juez de paz devenga alrededor de 125 mil pesos mensuales, mientras que un juez de primera instancia recibe cerca de 165 mil pesos. Asimismo, indicó que un magistrado de corte de apelación percibe aproximadamente 230 mil pesos, uno de los tribunales superiores ronda los 130 mil pesos y un juez de la Suprema Corte de Justicia cerca de 400 mil pesos mensuales. No obstante, sostuvo que, pese a esos montos, las condiciones laborales y la carga de trabajo continúan siendo deficientes en gran parte del sistema judicial.

Como ejemplo, relató el caso de un expediente de más de 1,500 páginas que, según dijo, fue decidido el mismo día en que fue apoderado el tribunal.

A juicio de Cerda, el sistema está creando “jueces liquidadores”, obligados a priorizar cantidad sobre análisis jurídico y protección de derechos fundamentales.

Asimismo, cuestionó el incumplimiento de estándares de motivación establecidos por el Tribunal Constitucional y denunció retrasos de más de dos años en la remisión de expedientes de revisión constitucional.

El abogado también criticó actuaciones en materia penal y denunció supuestas irregularidades en la retención de vehículos en Santiago.

Indicó que se estarían reteniendo vehículos sin justificación legal suficiente, pese a que el Código Procesal Penal permite devolverlos a sus propietarios mientras avanza el proceso judicial.

“La fiscalía puede ser demandada civilmente por retener vehículos sin necesidad jurídica”, sostuvo.

Cerda consideró igualmente preocupante la ratificación de medidas de coerción sin la presencia del imputado, práctica que calificó como una violación al debido proceso.

En materia internacional, el dirigente político cuestionó la admisión de ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos y planteó que los acuerdos de esa naturaleza deben ser sometidos previamente al control del Tribunal Constitucional.

Además, defendió el derecho al libre tránsito y señaló que cualquier persona privada de libertad de manera irregular puede recurrir al hábeas corpus, independientemente de su nacionalidad.

Finalmente, Henry Cerda llamó a una “reingeniería profunda” del sistema judicial dominicano, tanto en el plano organizativo como presupuestario y normativo.

“El sistema de justicia requiere una reingeniería integral”, afirmó.

El abogado insistió en que los reclamos de jueces y empleados judiciales son válidos, pero advirtió que el verdadero desafío consiste en garantizar un sistema capaz de proteger derechos fundamentales y recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.