TSA cancela contratos de concesión minera entre el Estado y Falcondo

Santo Domingo. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha tomado la decisión de cancelar los contratos de concesión minera firmados entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo). Esta medida pone fin a una relación contractual que se ha extendido por casi siete décadas, específicamente sobre la concesión Quisqueya I, situada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

Detalles de la decisión judicial

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, bajo la presidencia del juez Antonio O. Sánchez Mejía, junto a los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu. Se emitió la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, con fecha del 12 de agosto de 2026, que afecta a los contratos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

Motivos de la cancelación

Esta decisión surge a raíz de una acción legal presentada en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano. Se identificaron incumplimientos significativos relacionados con:

• Explotación de los yacimientos mineros.
• Obligaciones económicas y laborales.
• Presentación de informes técnicos requeridos por la legislación minera.

Entre los factores considerados por el tribunal, se destaca que las operaciones productivas de Quisqueya I estaban paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, según una certificación de la Dirección General de Minería. Además, Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

Impacto de la inactividad

Para el TSA, estos incumplimientos son de tal gravedad que afectan obligaciones esenciales vinculadas directamente a la finalidad de la concesión: la explotación efectiva de los recursos mineros otorgados por el Estado y la obligación de mantener informadas a las autoridades sobre su desarrollo. La sentencia establece que la inactividad de la concesión tiene un impacto directo sobre el interés general en la explotación de los recursos mineros del país.

Consecuencias para los trabajadores

La terminación de los contratos se produce en un contexto de cese de operaciones de la empresa, que se detuvo en noviembre de 2023. En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados, recibiendo sus prestaciones laborales gracias a la intervención del Fonper, en representación del Estado dominicano.

Un grupo adicional de exempleados, cuyos contratos fueron finalizados en marzo de 2026, aún mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus representantes, ascienden a aproximadamente RD$300 millones. La concesión llegó a sostener más de mil empleos directos, y según estimaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nouel, miles de personas adicionales vinculadas a contratistas, proveedores y actividades indirectas se vieron afectadas por la paralización.

Proceso de reestructuración mercantil

De manera paralela a esta decisión, que se centra en la terminación de los contratos de concesión minera, continúa el proceso de reestructuración mercantil al que está sometida la empresa, bajo la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. Este proceso fue iniciado por los acreedores de la empresa, quienes buscan que la compañía cumpla con sus obligaciones y pasivos pendientes.

Es importante señalar que este procedimiento es independiente y tiene un objeto y alcance distintos a la decisión adoptada por el TSA. Por lo tanto, deberá seguir su curso ante la jurisdicción correspondiente hasta que se resuelva la situación de las acreencias reclamadas.

Representación legal del Estado

En el proceso decidido por el TSA, el Estado dominicano estuvo representado por el Fonper y asistido legalmente por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León. Esta decisión marca un punto de inflexión en una relación contractual que comenzó en 1956 y que abarca una concesión de 22,392 hectáreas sobre Quisqueya I.