Seis diputados incumplen con declaración de patrimonio pese a vencimiento del plazo

Santo Domingo. – A pesar de que el plazo para declarar los patrimonios ante la Cámara de Cuentas venció el 16 de septiembre de 2024, seis diputados aún no han transparentado sus bienes, sin que hasta ahora se les haya aplicado ninguna consecuencia legal o administrativa.

De acuerdo con el portal de la Cámara de Cuentas, actualizado al domingo 8 de septiembre, los legisladores Ángel María Sánchez (PRM), Carlos José Gil (Fuerza del Pueblo), Enriqueta Rojas (Fuerza del Pueblo), José Luis Rodríguez Hiciano (PRM), Melvin Alexis Lara (PRM) y Sergio “Gori” Moya (PRM) no habían depositado su declaración jurada, acumulando ya un año de retraso.

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada en 2014, establece sanciones administrativas contra los funcionarios que incumplan el plazo, sin embargo, ninguno de los congresistas citados ha sido amonestado.

Promesa incumplida en la Cámara de Diputados

En junio de 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que 34 legisladores no habían declarado su patrimonio y advirtió que quienes no cumplieran no cobrarían el salario de julio, ascendente a RD$ 320,000.

No obstante, una revisión a la nómina publicada en el portal de la Cámara Baja correspondiente a ese mes evidencia que los diputados mencionados devengaron con normalidad su sueldo, lo que refleja que la medida anunciada no se ejecutó.

Aunque la advertencia motivó a la mayoría de legisladores a ponerse al día con la publicación de sus patrimonios, seis aún permanecen en falta y en condición de atraso ilegal.

La obligación legal

La Ley 311-14 establece que los funcionarios obligados a declarar deben presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de bienes. En el caso de los actuales congresistas, que fueron juramentados el 16 de agosto de 2024, el plazo venció el 16 de septiembre de ese mismo año.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, recordó que el formulario de declaración fue adaptado a un formato “más ligero” para facilitar su cumplimiento, y advirtió que, de persistir los atrasos, estos serían remitidos a la Procuraduría General de la República, como lo faculta la ley.