Somos de los que creemos que todo el ambiente que usted pueda crear, es el mejor mensaje de lo que va a generar. Dependerá de lo que usted desea que llegue, sea bien o mal.
Esto de arriba lo indicamos, por el tema del fenómeno de la corrupción o de la lucha por adecentar el Estado, porque a través de esto, puede llegar mejoría o no hacia abajo. Pero es importante que el mensaje sea claro y contundente.
Hay que reconocer el trabajo y la labor realizada por el actual Ministerio Público en cuanto a los expedientes que ha formalizado y que hoy aún están en medio de procesos, algunos con dos años o un poco más en su conocimiento. Esto ha generado de alguna manera o de otra, un buen mensaje a la población de que se ha hecho algo diferente a lo que se tenía por costumbre. Que aún no están todos los que deberían estar, claro.
Ahora bien, existen esos casos que han sido denuncias, que han provocado destituciones o suspensiones o licencias, pero que aún no tienen siquiera un procedimiento iniciado, y todo ha quedado en la nebulosa y del comentario de pasillos.
Así como indicamos en esa última parte, tenemos ejemplos varios, el más reciente, el escándalo del Intrant y el contrato adjudicado o la licitación cuestionada por Compras y Contrataciones y que esto ha provocado el pedimento de licencia sin disfrute de sueldo de su director, Hugo Beras. Está por igual el primero de estos casos, el de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, encabezó las primeras listas de acusaciones y sometimientos por presuntos actos de corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Era investigada por el Ministerio Público por sus bienes declarados y también por violar la Ley de Compras y Contrataciones, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos. En una ocasión el PRM comunicó que su caso fue enviado al fiscal nacional, sin embargo, todavía se desconoce de las consecuencias que tuvo, pero para la población queda la duda. ¿Qué pasó?
En ese mismo cargo del Ministerio de la Juventud, estuvo, Luz del Alba Jiménez, que intentaron designarla por decreto en otro puesto, y la opinión pública no tuvo piedad contra ella. La misma indicó que actuaría por aclarar su situación, pero eso se quedó en palabras. ¿Qué pasó ahí?
Al primer ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, también lo destituyeron y hubo acusaciones, pero solamente en los diarios, no hubo consecuencias ni tampoco provocó investigaciones que surtieran algún efecto. Mientras que el de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, tomó licencia en medio de las vinculaciones de su empresa con el caso de corrupción Medusa. Tampoco fue llamado por la Procuraduría, al menos, que sepamos, para saber su vinculación, pero queda la duda.
El caso del ex ministro de Educación. Tras escándalos de supuestas nominillas, licitaciones y adjudicaciones irregulares, a Roberto Fulcar lo degradaron a ministro de Estado sin Cartera. Pero a pesar de todo esto, son muchas las denuncias que han indicado los que hoy dirigen ese Ministerio, pero todo ha quedado en eso, en la duda.
Otro servidor público que ha enfrentado la justicia, es Adán Peguero, dirigente del PRM en Santo Domingo Este. Fungió como director del Instituto Postal Dominicano y fue suspendido y posteriormente destituido por irregularidades al contratar una empresa extranjera de envíos, violando la Ley de Contrataciones Públicas.
Estos son ejemplos de situaciones que se han dado en el que se ha preferido que la duda permanezca pero no el esclarecimiento, incluso para los propios mencionados, porque de alguna manera les afecta y seguro les ha afectado, no solo políticamente, sino en su ámbito y su vida privada. Entonces, ese tipo de práctica en nuestro país debe terminarse y evitarse, porque es posible que se queden culpables impunes o inocentes que quedan como culpables sin un proceso ni una sentencia. O es que se prefiere la duda y una condena moral, pero que no sabemos qué tan real sea. O es que sigue siendo, como en el pasado, una decisión política para no mover eso.
