PRM rechaza vínculos con fondos ilícitos y reafirma compromiso con la lucha anticorrupción

Santo Domingo.– La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó de manera categórica cualquier intento de vincular a esa organización política o a sus campañas con el uso de fondos provenientes de actividades ilícitas.

La posición del partido oficialista fue fijada mediante una comunicación dirigida al director del Listín Diario, Miguel Franjul, en la que el PRM invoca las facultades que le otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en respuesta a informaciones publicadas el 19 de enero de 2026 sobre el denominado “Caso Cobra”.

En el documento, la organización política establece que rechaza enérgicamente cualquier señalamiento que pretenda asociar al PRM con financiamientos ilegales, subrayando que tales imputaciones carecen de sustento.

Asimismo, recuerda que el actual Gobierno, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, dispuso que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera en actor civil dentro del proceso judicial, a fin de garantizar que los responsables enfrenten consecuencias penales y restituyan los recursos sustraídos al Estado. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella en ese sentido.

“El Gobierno identifica, persigue y exige la devolución de los fondos, lo que evidencia que no es cómplice de prácticas irregulares”, indica el comunicado, al tiempo que reitera que el compromiso del PRM con la lucha contra la corrupción es real y no retórico.

En ese contexto, el partido afirma que no tolera ni tolerará desbordamientos éticos y que cualquier persona que haya fallado a la confianza pública debe responder de manera individual ante la justicia, sin pretender ampararse en banderas políticas.

Sobre el financiamiento partidario, la Dirección Ejecutiva aseguró que todas las campañas del PRM se han desarrollado conforme a la ley, respaldadas por auditorías privadas e informes financieros presentados oportunamente ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. Sostiene que cualquier alegato de financiamiento irregular “no resiste el escrutinio de los organismos oficiales”.

Finalmente, la organización reiteró su disposición de colaborar plenamente con el Ministerio Público y defendió la independencia de ese órgano, calificándola como un logro innegociable del actual gobierno. “Confiamos en que este proceso llegará hasta las últimas consecuencias, basado en pruebas y no en conveniencias políticas”, concluye el documento, solicitando su publicación íntegra en aras del equilibrio informativo y el derecho ciudadano a la verdad.