Operación Camaleón: Pepca acusa red de corrupción de fraude, lavado y sabotaje tecnológico por más de RD$1,600 millones

Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formalmente su acusación contra 17 imputados en la denominada Operación Camaleón, un caso que —según el Ministerio Público— combina corrupción administrativa, lavado de activos, sabotaje tecnológico, terrorismo y espionaje estatal, con un perjuicio superior a RD$1,600 millones para el Estado dominicano.

El expediente, de más de 300 páginas, describe una estructura criminal compleja integrada por funcionarios y particulares que habrían tomado el control de sistemas estratégicos del Estado, desde la red semafórica del Gran Santo Domingo hasta las plataformas de videovigilancia del Ministerio de Defensa.

Estructura del entramado

En el centro del esquema figura José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), identificado como beneficiario final de los contratos fraudulentos y creador de un entramado de empresas de fachada, entre ellas Dekolor, Transcore Latam, PagoRD Xchange, Aurix, OML Inversiones, Inprosol y Soltex Dominicana, utilizadas —según la acusación— para canalizar fondos públicos y ocultar su origen ilícito.

A su lado habría actuado Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien, junto a otros funcionarios, autorizó contratos y adendas millonarias presuntamente manipuladas a favor de empresas vinculadas a Gómez Canaán.

La Pepca sostiene que ambos encabezaron una organización criminal con jerarquía definida, permanencia en el tiempo y acceso a información sensible del Estado.

Contratos hechos a la medida

Uno de los pilares de la acusación es la licitación pública INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, destinada a modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo. El pliego de condiciones, según el Ministerio Público, habría sido redactado dentro de la propia empresa ganadora, Transcore Latam S.R.L., garantizando la adjudicación antes de la publicación del concurso.

Las investigaciones revelan la creación de oferentes ficticios y el uso de correos electrónicos falsos para simular competencia. Entre las pruebas citadas se incluyen dominios registrados por el propio Gómez Canaán y correos con direcciones falsas como joerg@transcore.com.do, utilizados para suplantar a una compañía extranjera.

Adendas y sobrevaluaciones

Otro componente clave del expediente es el contrato del INTRANT con Dekolor S.R.L., destinado originalmente a la emisión de licencias de conducir, que fue ampliado irregularmente mediante tres adendas firmadas entre 2020 y 2024.

El monto fue incrementado sin sustento técnico, incorporando servicios no habilitados y aplicando un reajuste por inflación del 17.83 %, en violación a las normas del Banco Central. Según la Pepca, estas maniobras crearon deudas inexistentes por más de RD$936 millones, consolidando un monopolio en la emisión y cobro de licencias bajo control de Gómez Canaán.

El circuito financiero

El Ministerio Público detalla que el dinero fluía por dos vías paralelas:

• Dekolor recibía pagos inflados del Estado.

• PagoRD Xchange S.R.L. retenía recaudaciones de licencias que debía transferir al fisco.

Se calcula un faltante de RD$730 millones por ingresos no depositados, que fueron desviados a cuentas personales y empresas vinculadas, elevando el daño total a más de RD$1,666 millones.

Los fondos fueron supuestamente lavados mediante la compra de propiedades en Piantini, Cap Cana y Jarabacoa, adquisición de vehículos blindados y transferencias internacionales. La empresa OML Inversiones S.R.L. habría servido como vehículo de blanqueo patrimonial.

Sabotaje y espionaje

La acusación introduce un elemento inusual: terrorismo y sabotaje tecnológico. La Pepca sostiene que en agosto de 2024, tras iniciarse investigaciones internas, el grupo ejecutó ataques deliberados al sistema semafórico del Gran Santo Domingo como acto de presión.

Además, mediante un contrato irregular con el Ministerio de Defensa, la empresa Aurix S.A.S. habría obtenido acceso no autorizado a plataformas de videovigilancia estatal, usadas —según el Ministerio Público— para espionaje y encubrimiento patrimonial.

Funcionarios implicados

Entre los imputados figuran varios exdirectivos y técnicos del Intrant: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Pedro Vinicio Padovani Báez, acusados de falsificación de documentos y manipulación de licitaciones. Otros, como Carlos Peguero, Mariano Gustini, Manuel Mora y Henry Féliz, habrían actuado como testaferros o intermediarios financieros.

Un caso sin precedentes

La Operación Camaleón combina elementos propios de la corrupción administrativa con delitos tecnológicos y de seguridad nacional. Para el Ministerio Público, la red no solo defraudó al Estado, sino que comprometió infraestructuras críticas y la confianza pública en las instituciones.

El expediente cita una frase del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon:

“La corrupción es el enemigo invisible que debilita las instituciones, erosiona la confianza y perpetúa la desigualdad”.

Con esta acusación, la Pepca marca el inicio de un proceso judicial sin precedentes por su complejidad y alcance, donde la corrupción —según los fiscales— penetró la tecnología del Estado para su beneficio, actuando como un auténtico “camaleón” dentro del sistema público.