La semana pasada debe considerarse triste para el sistema judicial dominicano porque ha permitido que un expediente como el de los aviones Tucanos, se declarara su extinción, esto es, para que aquellos que no son abogadas ni abogados puedan comprender, tal término jurídico, se lo indicamos, de la siguiente manera: La extinción de la acción penal, es la culminación del proceso en un plazo razonable. Esta decisión beneficia a la persona que está siendo señalada en el caso, ya que el Estado les garantiza ser perseguido en un tiempo determinado.
Ahora bien, cómo definir que es un plazo razonable: Es un concepto esencial del respeto al debido proceso en el sistema judicial de la República Dominicana. El Código Procesal Penal Dominicano, establece el plazo razonable como uno de sus principios fundamentales, imponiendo de manera taxativa el plazo de duración máxima de un proceso.
El TC, ha considerado que la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso en beneficio y provecho de los justiciables, es un derecho fundamental.
La SCJ en reiteradas sentencias ya se ha referido al tema, estableciendo que el respeto al debido proceso y de la normativa legal establecida a favor de los imputados no pueden ser vulnerados por retardos que no son provocados por los mismos, sino que son atribuidos al sistema de justicia en sentido general, no importando si se tratan de situaciones que escapan de sus manos. (Ver Sentencia SCJ No. 1162, de fecha 21 del mes de noviembre del año 2016, Rc: Habraham Tussen y/o Abraham Toussen).
De acuerdo a la Ley 10-15, que modifica el artículo 148 del Código Procesal Penal “la duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas. Este plazo sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos”.
Todo esto quiere decir que ese expediente acorde a los jueces que conocieron la semana pasada del mismo, indicaron que se había agotado su existencia judicial para seguirlo procesando, en palabras llanas. Es por esto que culminó explicando lo siguiente: En la sentencia, el tribunal explica que si se hace un cálculo del tiempo se tiene un total de 7 años y 11 días que, restando un año, 6 meses y 23 días por aplazamiento o receso causado por las defensas y plazos suspendidos por pandemia; “quedaría un restante de 5 años, 5 meses y 19 días”. En ese sentido, el plazo del proceso está legalmente vencido desde la etapa preliminar. O sea, alguien dentro del sistema judicial, jueces o fiscales o procuradores, no hicieron su trabajo frente a un caso que inició en el 2016, por una denuncia de soborno por la compra de ocho aviones a la empresa Embraer de Brasil, que fue para el año 2010 en el go-bierno de Leonel Fernández. Solamente verificar quién o quiénes estaban al frente de la cabeza que debía tener la acción como era el Ministerio Público de entonces y le dio seguimiento en los años que continuaron.
El caso de referencia, del soborno por la compra de los aviones Tucanos, involucraba más allá de lo que todos estos años estuvimos viendo. Es el ejemplo vivo de lo que no debe suceder en una sociedad con casos de corrupción pública, porque lacera la fortaleza del sistema judicial completo. Porque le resta credibilidad a las instituciones y ponen en entredicho toda su eficacia. Desde hace años indicamos que no teníamos ninguna esperanza con relación a este proceso porque decíamos que el mismo inicio y fue desarrollado “cojo” y con muchas “muletas”.
Hace unos años en el diario digital, Acento, fue publicado un artículo titulado: “El Procurador Jean Alain Rodríguez, Laura Pelletier, La Pepca y el Caso de los Tucanos”, fue casualmente para el mismo día en que se dictó la extinción, que fue el 14 de septiembre del 2023, ya que dicho artículo fue publicado, el 14 de septiembre pero del 2016, como llorando justicia o una diosidencia bastante fuerte. Les invito a que lo busquen, ya que por espacio no me permite colocarlo, pero entre otras cosas, indica, lo siguiente: “Desde el 18 de agosto pasado, dos días después de designado el nuevo Procurador General de la República, Jean Alaín Rodríguez, Laura Guerrero no toma la palabra. Está desaparecida de los medios de comunicación”. “El pasado 2 de septiembre, el Procurador prometió que con los casos Tucano e INAPA “no habrá engavetamientos, ni paños tibios”. “Desde entonces no se ha vuelto a hablar del tema”. En ese artículo se menciona, que siempre estuvo mencionado un legislador que en aquel entonces, estaba en las filas del gobierno de ese año, del PLD y que hoy ya saltó a otra parcela.
Por casos como el ya explicado, es que este país no debe volver a tener al frente de una Procuraduría, ni de ninguna institución pública, dedicada a enfrentar el crimen, la delincuencia, ni ninguno de los fenómenos sociales como la corrupción; personas ligadas a partidos políticos ni a intereses particulares y espurios, para que expedientes como el de los aviones Tucanos, no pueda quedar impune. Nunca jamás.
