El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó a los ocupantes ilegales del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón, en Puerto Plata, para que se retiren del área protegida en un plazo de 15 días, a partir del lunes 11 de noviembre, porque estos invasores han causado un significativo daño ambiental en el humedal ubicado en el sector Mangles Abajo, dentro del área protegida.
La medida fue tomada en el marco del segundo recorrido de inspección realizado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien observó los daños en la zona y, junto con la comisión que lo acompañó, definió las acciones que se aplicarán para proteger el área y, sobre todo, prevenir futuras invasiones.
El ministro también informó que se solicitará el apoyo del Ministerio de la Presidencia para el manejo social de las personas afectadas por estas medidas. Por tal razón se acordó una reunión el próximo 14 de noviembre con el objetivo de buscar soluciones viables para las familias que deberán abandonar el área protegida dentro del plazo establecido. Posteriormente, se llevará a cabo la demolición de las viviendas abandonadas o desocupadas.
Henríquez subrayó que otra de las medidas adoptadas incluye la puesta en marcha de un plan de comunicación para informar a la comunidad local y a los turistas sobre las acciones que se ejecutarán, con el fin de promover el desarrollo de la bahía Luperón como un destino turístico ecológico y sostenible.
La recuperación de este humedal es una acción crucial para preservar la biodiversidad en la bahía Luperón. Así lo dejó establecido el ministro en el primer recorrido realizado.
“Esta es una zona costera de vital importancia para la economía local y un hábitat adecuado para especies como el manatí y diversas aves marinas”, expresó Henríquez sobre esa zona, que también es un entorno de mucha relevancia por sus manglares y praderas marinas, las cuales ayudan a mitigar el impacto de huracanes.
El ministro realizó el segundo recorrido acompañado por el vicealmirante Agustín Morillo, comandante general de la Armada Dominicana; el vicealmirante Luis Lee Ballester, director general de Migración; el general Ángel Camacho, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y el equipo de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente.
En el informe preliminar, solicitado por Henríquez y realizado el 30 de octubre, se estableció que los ocupantes de la zona son alrededor de 200 personas, quienes vertían desechos sólidos directamente en el humedal y en sus áreas circundantes. Además, construyeron una pared que canaliza aguas, lo que contribuye a la acumulación de basura en el ecosistema y genera un grave impacto ambiental.
Dicho delito ambiental constituye una violación clara de lo establecido en la Ley Núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y, por consiguiente, de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04. El ministro de Medio ambiente ha reiterado que su gestión hará frente a cualquier violación de la normativa ambiental.
