Opinion
Mi ventana óptica – Extradiciones y soberanía
No existe mayor peligro para la democracia, que el Estado sea controlado por criminales, donde sus instituciones queden bajo la modalidad de “plata o plomo", es apostar a la disolución inminente, cuando funcionarios públicos o personas del poder político se involucran con ellos.
Esto trasciende lo judicial, porque compromete la soberanía y abre las puertas a delincuentes, que se adueñan de decisiones oficiales, provocando la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Que colaboradores del presidente y dirigentes del partido gobernante sean pedidos en extradición, es duro revés para la permanencia del país, debilita la participación cívica, los mecanismos democráticos y fomenta la apatía política, convirtiendo al Estado de derechos en ficción.
Las leyes dejan de aplicarse debidamente, las investigaciones se manipulan o se frenan, pasando a ser la justicia un mecanismo de impunidad; donde sólo la presión internacional corrige lo que la justicia local no se atreve a enfrentar, proyectando una imagen negativa a nivel internacional incluso, para inversionistas. Esto afecta las relaciones diplomáticas, inversión extranjera y la colaboración internacional en materia de seguridad.
Estamos ante un Estado fallido, poco confiable, pues no es sólo corrupción, sino, de controlar el Estado e instituciones, donde las decisiones públicas comienzan a responder a estructuras mafiosas que impiden la formulación de políticas públicas, el uso de recursos públicos y hasta los procesos electorales pueden ser manipulados con financiamiento ilícito. ¿Cómo en 2024?
Su penetración al gobierno distorsiona la economía, fomenta la informalidad, ahuyenta inversiones legítimas y fortalece economías paralelas basadas en sus actividades dolosas, y esto se traduce en mayores niveles de violencia, desigualdad y exclusión social.
No hablo de un escándalo mediático, son síntomas de una enfermedad estructural en el sistema, mostrando su gravedad, que demanda voluntad política, presión ciudadana, independencia judicial y compromiso real con la transparencia para superarlo, pues esto ya tiene nuestra soberanía al borde del colapso.
No son casos aislados, ya que, durante la administración de Abinader han sido recurrentes las extradiciones de individuos ligados a la política y el poder, reflejando una crisis institucional peligrosa que inflige la gobernabilidad, la imagen internacional y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, esto es una amenaza existencial al Estado de derecho, sobre todo, saber con la libertad que opera el sicariato, porque cuenta con la complicidad de senadores, diputados y funcionarios civiles, militares, policiales y "empresarios".
Ponen en juego el principio democrático, de que los servidores públicos deben actuar con transparencia, pues que sea necesaria la intervención de potencias extranjeras para que se haga justicia a estos grupos, envía un mensaje preocupante de pérdida de soberanía. Evidencia, además, que no tenemos independencia, el poder o voluntad para sancionar debidamente al delincuente, resquebrajando los organismos de investigación, persecución penal y control del Estado.
Los partidos políticos, al permitir candidaturas cuestionadas se convierten en cómplices, pero la JCE, no tiene control sobre esas organizaciones tampoco o mira hacia otro lado, ante la incursión de narcotraficantes y el crimen organizado, que no sólo compran votos, sino, que también silencio, favores y protección institucional.
Nos han instaurado un modelo mafioso que garantiza impunidad al bajo mundo y tenemos el desafío de recuperar esas instituciones secuestradas por estos. Exigimos reformas profundas en los cuerpos armados, control sobre el financiamiento de campañas, depuración de los partidos, fortalecimiento del Ministerio Público y mecanismos reales de rendición de cuentas.
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