Opinion
Mi ventana óptica – Desapariciones y crimen transnacional
Un trauma incurable deja la desaparición de personas a familiares y relacionados ante la indiferencia de las autoridades, algo que debería involucrar a organismos como Procuraduría General de la República, Ministerio Público y organismos de inteligencia. Una tragedia silenciosa, que ocupa titulares y al poco tiempo es abandonada como denuncia que termina en el olvido institucional. ¿Cómo desaparecen sin dejar rastro y por qué el Estado parece resignado a la incertidumbre? Hechos que no llegan a resolverse, con familias atrapadas entre la esperanza y la angustia, dependiendo de un sistema sin protocolos eficaces, sin bases de datos unificadas y sin voluntad política para investigar.
El silencio genera sospechas cuando un fenómeno se repite sin explicaciones claras, el vacío informativo se convierte en caldo de cultivo para hipótesis inquietantes, como la posible relación entre desapariciones y redes internacionales de tráfico de órganos humanos, algo que cobra cada vez más fuerza en el imaginario popular.
No hacemos una afirmación concluyente, pero es sospecha legítima delatar la vulnerabilidad extrema de poblaciones, ubicación geográfica del país, donde se producen estos acontecimientos por debilidad en controles fronterizos, corrupción estructural y falta de seguimiento a los casos.
Cuando el crimen transnacional burla el Estado, se aprovecha de la pobreza, la migración irregular y exclusión social. Ignorar esto, no es prudencia; es negligencia; porque los involucrados son pobres, niños sin protección efectiva, mujeres jóvenes, envejecientes solos, ciudadanos, cuya ausencia no paraliza la economía, ni alteran agendas corporativas.
Un país con debilidades de registro civil y seguridad social resulta legítimo preguntarse, si estas vidas están siendo suficientemente protegidas, o si, por el contrario, sólo son cifras descartables, dentro de un sistema que normaliza la impunidad, pues la ausencia de resultados concretos no solo hiere a las familias; también erosiona la confianza pública.
La autoridad que no investiga a fondo, ni comunica con transparencia y tampoco rinde cuentas, se convierte, aunque sea por omisión, en aliada del crimen. Y tratándose de acto tan deleznable como la trata de personas o tráfico de órganos humanos, esa omisión hiere sensibilidades. No es paranoia, es prevención, demandando investigaciones profundas, no estamos en teorías conspirativas; es ejercer ciudadanía, exigir que las autoridades descarten con pruebas y no con silencios cualquier vínculo entre desapariciones y redes criminales.
La prevención comienza con la verdad, no con el negacionismo. Demandamos una política seria sobre esto, un registro público actualizado, unidades especializadas independientes y cooperación internacional transparente para enfrentar el problema. Estamos frente a una derrota estatal y una herida abierta en la conciencia colectiva, donde el país corre el riesgo de convertirse en terreno fértil para criminales despiadados.
Es como si también desapareciera la responsabilidad del Estado de encontrarlas y aplicar correctivos. Niños, mujeres, envejecientes y adultos se esfuman, mientras investigaciones inconclusas, comunicados tibios y expedientes quedan convertidos en polvos burocráticos. Es un patrón bien diseñado y cuando eso se repite, sin explicación, dejan de ser casualidad, para convertirse en sospecha legítima.
En cualquier sociedad medianamente funcional, la desaparición de alguien activa alarma inmediatamente, moviliza recursos, expone rostros, nombres y compromete políticamente a quienes gobiernan. Aquí pasa lo contrario, esta se normaliza, se diluye en el ruido cotidiano y termina como un asunto de familias desesperadas y nada más.
Cuando la duda no nace del morbo, sino del abandono, desnuda la facilidad con que operaran estos grupos, pero lo que sí sabemos es, que las víctimas nunca pertenecen a elites, tampoco incluye a hijos de funcionarios, son vidas sin abolengo, sin micrófono, ni poder, como Carla Massiel 2015, Liz María Sánchez 2020, Sudiksha Konanki 2025, Roldanis Calderón 2025 y Brianna Genao despidió el 2025 y dice la Asociación Dominicana de Desaparecidos, que entre junio de 2022 y febrero de 2025 desaparecieron 2,242 personas, de las cuales más de 1,800 siguen sin resolverse, por eso, ante la inacción del gobierno, la población debe tomar las calles para solidarizarse con las víctimas y detener las desapariciones y al crimen transnacional.
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