La semana pasada se dieron varios allanamientos en algunas zonas de Santiago, Moca y Licey, por fiscales, miembros del FBI y policías, en búsqueda de armas ilegales de alto calibre. En el mismo hecho, cayó abatido un agrónomo y herida su esposa, supuestamente por enfrentar las autoridades policiales cuando se vio descubierto en el proceso.
Hace tiempo le hemos dado seguimiento a este asunto de las armas ilegales y la forma en que de manera tan “ligera” los imputados que son atrapados con las mismas, tienen en demarcaciones como San Francisco de Macorís, Salcedo y Santiago, existen jueces de la Instrucción, que habían estado dando medidas de coerción muy flexibles con garantía bajo fianza, de hasta 10 mil pesos, quitándole el peso de importancia social que tiene el mismo. Como si este tipo de situaciones no fueran afectar al conglomerado social del cual ellos forman parte por igual.
Esto fue denunciado incluso, en un trabajo de investigación por la veterana periodista y comunicadora, Alicia Ortega, en fecha 05 de diciembre del 2022, y en el mismo se indicaban casos en que se habían dado esas decisiones, en esos Distritos Judiciales ya mencionados, como Santiago, San Francisco de Macorís y Salcedo.
Por el hecho mencionado al inicio, hemos querido traer a colación lo que comentamos por medio de un artículo, titulado: “No solo buen deseo”, y en el mismo establecimos, en algunas partes, lo siguiente:
“Hace unos meses, específicamente, el 21 de abril del año en curso, 2022, nos hicimos eco de una denuncia que había reali-zado el fiscal titular de La provincia, Hermanas Mirabal, Edward Núñez y la cual también había sido en acciones, apoyada, por la titular de la provincia Duarte y San Francisco de Macorís, Smaily Rodríguez, en el sentido de que: el juez de la Instrucción de esa demarcación había estado poniendo en libertad a imputados con fianzas “flexibles”.
“En cuanto a lo anteriormente indicado, lo denunciado por el titular Núñez, fue reseñado en el periódico Listín Diario, en fecha, 20 de abril del 2022, en la forma siguiente: “La entidad había solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva, sin embargo, los imputados fueron favorecidos con garantías económicas que oscilan entre los RD$10,000 y RD$50,000”. “El fiscal Núñez Merette indicó que no es la primera vez que los jueces favorecen a los infractores de la ley con la referida medida de coerción, ante hechos con gran simi-litud y vinculación registrados en los últimos meses en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte”..
“Al día siguiente, es cuando, tanto en nuestro radial, ‘Al final de la tarde con Jordi’, como en el canal 37, junto a la periodista, Julissa Céspedes, resáltamos dicha información”.
“A propósito de lo indicado más arriba, este fin de semana pasado, la Policía Nacional da cuenta de que un grupo de des-conocidos penetró a una hacienda ubicada en una sección de San Francisco de Macorís y emprendiéndola a tiros en contra de siete personas, incluyendo al señor, Wilman González Paulino, imputado que había sido favorecido y liberado por fianza, por estar vinculado a armas ilegales hace poco y que este hecho resulta ser el segundo atentado en contra del mismo. Sin embargo, lo más curioso del por qué lo reseñamos, es que los casquillos encontrados en la escena y en uno de los vehículos dejados por los responsables, eran de armas de alto calibre, como lo advertido por los fiscales”.
Todo lo que hemos expuesto, es para que puedan notar cómo todos estos “lodos que vemos en el caso ocurrido la semana pasada en Santiago, Licey y Moca, no ha sido al azar, es fruto de la venalidad, flexibilidad y ligereza con la que algunos juzgadores han tratado en el pasado a imputados que se hacen con el negocio de armas ilegales de alto calibre y no es precisamente para la seguridad nacional.
Para enfrentar la criminalidad, delincuencia y crimen organizado, no es posible, sino existe un objetivo claro de lo que se quiere desde el sistema judicial para mejorar la sociedad que tene-mos. Debe existir un trabajo en conjunto y una visión y misión clara de que el mal trabajo de una institución o miembro de los que están llamados a evitar o castigar el delito, es fundamental y vital. Vamos a evitar que los lodos de mañana sigan siendo fruto de las aguas mal tratadas de hoy.
