La informalidad como reflejo del alto costo de la legalidad en la economía dominicana

Santo Domingo. – La informalidad es un fenómeno universal que afecta a unos países más que a otros. En términos generales, su existencia refleja que el costo de la legalidad es elevado. En el caso de la República Dominicana, las reglas de juego vigentes tienden a impulsar a los ciudadanos a operar fuera del ámbito formal.

El dominicano es emprendedor y resiliente. Por ello, no sorprende que, ante la incapacidad de las instituciones formales de generar un entorno favorable para la actividad económica —con menos trabas y menores costos—, la informalidad laboral alcance el 54.6 %, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). En un sentido más amplio, nuestras estimaciones sitúan la informalidad de la economía en torno al 60 %.

De acuerdo con la ENCFT, en el último año el número de empleados formales aumentó en 103,203 personas (empleados, no ocupados totales). Sin embargo, de ese total, 64,909 correspondieron a nuevos empleados del Estado, mientras que 38,294 encontraron trabajo en el sector privado. Es decir, el 62.8 % de los nuevos empleados formales fue absorbido por el sector público, contribuyendo a que las cifras de informalidad o desempleo no fueran más elevadas.

Dificultades de la economía formal

La economía formal presenta múltiples dificultades. De hecho, está configurada de tal manera que una parte importante de los ocupados recurre a la informalidad como vía de supervivencia para generar ingresos.

¿Qué señala la ciencia económica sobre la informalidad y sus incentivos? Que impuestos elevados y regulaciones costosas empujan a empresas y trabajadores hacia la informalidad. Los costos de operar formalmente —incluidos los laborales y tributarios— no son triviales y condicionan la decisión de establecer o no una actividad formal.

La teoría económica explica que, aunque las empresas pagan impuestos, sus efectos recaen sobre todos los agentes involucrados en el proceso productivo. Generalmente, los empleados resultan los más perjudicados cuando las empresas reducen contrataciones o inversiones.

Las inversiones en maquinaria, herramientas y activos intangibles —que elevan la productividad del trabajo— se vuelven más escasas. Como consecuencia, disminuyen las oportunidades de mejores salarios y de crear más empleos formales. Asimismo, los costos laborales no salariales limitan la capacidad de las empresas para ofrecer remuneraciones más altas y ampliar la nómina dentro de la formalidad.

Este principio ha sido documentado en diversos países. Aumentos en los costos laborales no salariales y en impuestos tienden a reducir la contratación formal. El estudio Reducing the Costs and Enhancing the Benefits of Formality, del Banco Mundial, ofrece evidencia empírica amplia al respecto.

Sin ganancias generales de productividad y tras un año de desempeño económico débil, en febrero se producirá un incremento salarial por ley, lo que tendrá efectos marginales sobre las decisiones de contratación formal. Además, sin una reforma que simplifique el sistema tributario, en mayo iniciará la tercera etapa de la factura electrónica, con impacto directo en las empresas más pequeñas. Con un sistema tributario oneroso y complejo, no cabe esperar un impacto relevante de esta medida sobre la informalidad.

Por último, si se aprueba una reforma laboral sin reducir los costos laborales no salariales —en particular la cesantía—, persistirán incentivos para que trabajadores y emprendedores continúen contratando en la informalidad.

A partir de los trabajos de Deirdre McCloskey y del Nobel de Economía Joel Mokyr, se entiende cómo la cultura que moldea las instituciones permite que la ciencia y la tecnología se integren a la creación de valor en una economía.

Esta semana, las autoridades dieron a conocer proyectos estratégicos para 2026. Llamó la atención que la estrategia de empleo formal descanse principalmente en la formación técnica. A la luz de Mokyr, esto debería acompañarse de cambios profundos en el clima de negocios; de lo contrario, esa formación —financiada con recursos públicos— no se traducirá en empleo formal, ni siquiera en mayor creación de valor.

Se pueden introducir insumos en un proceso, pero si las condiciones no son favorables, los resultados serán limitados.

En síntesis, la República Dominicana requiere mayor libertad económica para que ciudadanos y empresas puedan crear empleos y generar salarios dentro de la formalidad. Lograrlo exige una estrategia integral: menos regulaciones, empezando por las tributarias y laborales, y extendiendo las reformas a los ámbitos sectoriales. Solo así se reducirán los incentivos que hoy empujan a millones de dominicanos a la informalidad.