Juez recesa audiencia de coerción del caso Senasa; tres imputados admiten sobornos por RD$2,000 millones

Santo Domingo. – Tras casi diez horas de audiencia, el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, recesó este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los diez imputados del presunto entramado criminal que, según el Ministerio Público, operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.

La audiencia continuará este viernes a las 2:00 de la tarde, donde seguirán las exposiciones de las defensas y luego la réplica del Ministerio Público.

Tres imputados admiten sobornos

La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados —cuyos nombres no fueron revelados— admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.

“Han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim”, afirmó Ortiz.

Según el órgano acusador, los sobornos ascienden a unos RD$2,000 millones.

Ortiz informó que el Ministerio Público presentó más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y diversas pruebas periciales, y sostuvo que existen fundamentos suficientes para declarar el caso complejo, debido a la magnitud del presunto fraude y la pluralidad de víctimas, ya que Senasa cubre a más de siete millones de dominicanos.

Defensa de Hazim cuestiona acuerdos y testigos

El abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, criticó los acuerdos presentados en la audiencia, alegando que fueron realizados con personas que —según dijo— “eran coautores o autores de soborno”.

Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad del testigo principal del Ministerio Público.

“Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente”, afirmó.

El abogado también aclaró que Rafael Luis Martínez Hazim, uno de los imputados, no es familiar del exdirector de Senasa.

El caso

La medida de coerción detalla un supuesto entramado de fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos, presuntamente encabezado por Santiago Hazim junto a gerentes y colaboradores estratégicos durante su gestión.

Hasta ahora, diez personas están formalmente imputadas en la investigación, parte de la denominada Operación Cobra.