Interpretación constitucional

La Carta Magna por lo general es un texto escrito. Por consiguiente como todo texto, es susceptible de interpretación. El Tribunal Constitucional tiene labores fundamentales una de ellas es la interpretativa. Señala Goig, en ese sentido que:

Lo que el Tribunal Constitucional hace al dictar sentencias es interpretar las normas jurídicas en relación con la norma constitucional, lo que da lugar a que se produzca una integración del sistema normativo, se cubran lagunas y se cree seguridad jurídica, todo ello con sujeción a una serie de

principios definidos por la propia Constitución y por la actuación del Tribunal Constitucional, que han venido a convertirse en límites a la actividad interpretadora de la Constitución (Goig, 2013, p. 259).

Sobre la base, de lo indicado en este planteamiento doctrinal, podemos entender que el rol de los jueces constitucionales, como intérpretes de la Normal Fundamental, se remite a consignar el significado y el alcance real de dicha Norma (García, 2006). Para ello, el papel de los intérpretes constitucionales consiste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales. A tal efecto, los integrantes del Tribunal Constitucional valoran tanto el contenido de la norma como las características particulares del objeto de la interpretación y, en consecuencia, elige el criterio que mejor se aplique en el momento (García, 2006).

Independientemente del el tipo de interpretación que se adopte, y sobre todo cuando se trata de la valoración de Derechos Fundamentales, esta debe estar sujeta a los principios consignados normativamente, los cuales actúan como presupuestos de validez de la labor jurisdiccional. En ese sentido, la labor interpretativa de la jurisdicción constitucional se apoya, en su ejercicio, en un conjunto de principios bien definidos en la legislación adjetiva o fijados en la propia Constitución de la República.

En lo que respecta a los principios consagrados en las leyes adjetivas, se debe, hacer referencia particular a la Ley 137-11, ya que la misma es la que regula el accionar del máximo órgano jurisdiccional en defensa de Norma Suprema dominicana.

De acuerdo a, los principios expresados en la citada ley deben considerarse, más bien, como una proyección operativa de los que consagra la Constitución, aunque no por ello dejan de tener su debida importancia, en el entendido de que son consagrados como principios inspiradores de la justicia constitucional en la República Dominicana.

En alusión a esos principios, uno de los más notorios en el contenido de la ley en cuestión lo es el principio de efectividad, incluido en el artículo 4.7 de dicha pieza. En el mismo, el legislador idica que:

Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

El principio de efectividad en el caso de los derechos fundamentales reviste especial importancia, pues una interpretación estática de los mismos podría conllevar a

decisiones no siempre favorables o desprovistas de la atención superior que requieren esta tipo de prerrogativas.

Sustentamos esta afirmación en el hecho de que no todas las situaciones en las que se invoca violación a un derecho fundamental son idénticas, así como tampoco lo son las motivaciones que alegan las personas afectadas. Por eso que los jueces deben asumir una postura, dentro del marco normativo, asegure un manejo particularizado de los derechos fundamentales, en función de las situaciones jurídicas que se les presenten. En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional se ha expresado en los términos siguientes:

Una correcta aplicación y armonización de los principios de efectividad y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del artículo 7 de la Ley No. 137-11, pudieran, en situaciones muy específicas, facultar a que este Tribunal aplique una tutela judicial diferenciada a los fines de tomar las medidas específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes en cada caso en particular.

Se colige del contenido de la legislación citada: Es que se trata de posibilitar que los titulares de los derechos fundamentales reciban la justicia más favorable, en virtud de las normas existentes. Aun sean estas infraconstitucionales.

Otro principio señalado en la Ley 137-11 es el principio de vinculatoriedad, que está consignado en el artículo 7.13 de la citada ley. Dicho principio le otorga carácter de precedente vinculante a las decisiones emanadas del propio Tribunal Constitucional y de los tribunales internacionales y de los tratados internacionales suscrito por el país.

En lo que respecta a los principios consagrados en la Constitución y que orientan, de manera prioritaria la labor interpretativa, el panorama es más amplio y auspicioso. La interpretación constitucional relativa a los derechos fundamentales tiene, como es lógico, un asidero en el contenido de la propia constitución, a través de principios claramente definidos y de considerable amplitud. Principios consagrados en el artículo 74 de la Constitución dominicana y sirven de guía obligada tanto a los jueces del Poder Judicial como a los del Tribunal Constitucional, en la labor suprema de otorgarles a los derechos fundamentales una protección eficaz y lo más favorable posible para sus titulares.

Con lo expuesto a través de este análisis, se demuestra con certeza que la labor interpretativa del Tribunal Constitucional, es una tarea esencial en el Estado Social y Democrático de Derecho, por medio del estudio y observación desde un criterio más idóneo y adecuado se determina el contenido y connotación de lo expresado en el texto constitucional.

Juan José Cabrera