Mesa de Diálogo por el Autismo denuncia incumplimientos de la ley a tres años de su promulgación

Santo Domingo.– La Mesa de Diálogo por el Autismo ha hecho un llamado urgente al Estado dominicano, denunciando que este 5 de junio se cumplen tres años desde la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, lamentan que aún no se han ejecutado aspectos esenciales de esta normativa, lo que afecta a miles de familias en todo el país.

Contexto de la Ley 34-23

La ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023. A pesar de su importancia, el reglamento de aplicación, fundamental para la operatividad de sus disposiciones, fue emitido varios meses después, mediante el Decreto 403-24 del 24 de julio de 2024.

Incumplimientos identificados

Entre los principales incumplimientos, la organización ha señalado:

• La falta de una asignación presupuestaria específica para la ejecución de la ley.
• La ausencia de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo.
• La inexistencia de programas permanentes de formación para profesionales especializados.
• La carencia de una red nacional de servicios para la atención de personas con TEA.

Además, muchas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a una educación inclusiva en condiciones adecuadas.

Expectativas y promesas

En julio de 2025, el presidente Abinader mencionó que se buscarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026. Sin embargo, las familias aún esperan conocer las partidas presupuestarias y acciones concretas que permitan hacer efectivos los derechos contemplados en la legislación.

Desafíos económicos

Las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas y consultas médicas siguen siendo costos inalcanzables para una gran parte de la población, limitando el acceso a estos servicios a quienes tienen recursos económicos suficientes. La principal medida de apoyo implementada hasta ahora ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, que solo beneficia a 3,000 niños de hasta 10 años de edad. Aunque este programa representa un avance, no sustituye las obligaciones integrales establecidas en la Ley 34-23.

Responsabilidades institucionales

La Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas a diversas instituciones, incluyendo:

• Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis)
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Trabajo
• Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
• Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani)
• Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape)
• Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)
• Oficina Nacional de Estadística (ONE)
• Instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social

La normativa contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos especializados, inclusión educativa, creación de un registro nacional, sanciones por discriminación y centros de acogida para personas con TEA en condiciones de vulnerabilidad.

Impacto en las familias

“Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas. Hay padres que pagan terapias con enormes sacrificios, madres que desconocen qué ocurrirá con sus hijos cuando ya no estén, niños que enfrentan dificultades para ingresar o permanecer en centros educativos y personas con autismo que aún no reciben muchas de las garantías que la ley les reconoce”, expresó la organización.

Llamado a las autoridades

La organización ha instado al presidente Abinader y a las instituciones responsables a explicar las razones por las cuales esta legislación de alto impacto social aún no ha alcanzado niveles significativos de ejecución. También esperan que la primera dama, Raquel Arbaje, como presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, contribuya al seguimiento de la Ley 34-23 e impulse los mecanismos necesarios para su implementación efectiva.

Preocupaciones futuras

La Mesa de Diálogo por el Autismo considera que el autismo es una causa humana y social que requiere la participación activa de todas las instituciones vinculadas a la protección de la niñez y las familias. También expresaron su preocupación por la ralentización en la expansión de nuevas sedes del CAID, cuyos servicios son altamente valorados por las familias, pero cuya demanda supera la capacidad de respuesta actual.

Por último, advirtieron que el país no está formando la cantidad de profesionales especializados que se requerirán en los próximos años para atender adecuadamente a una población en crecimiento. Por ejemplo, la República Dominicana cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes.

La entidad reiteró que la inclusión, la salud, la educación y la protección social de las personas con autismo no pueden depender exclusivamente de los esfuerzos económicos y emocionales de sus familias, sino de la aplicación efectiva de una ley concebida para garantizar esos derechos.