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Imponen garantía económica y presentación periódica al comerciante Po Xie por incidente con agentes migratorios
Santo Domingo. — La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$100,000 bajo modalidad de contrato, además de presentación periódica, al comerciante de origen chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, implicado en un incidente con agentes de la Dirección General de Migración (DGM).
El hecho ocurrió durante un operativo migratorio en el que fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular dentro del establecimiento, ubicado en la avenida Duarte casi esquina París.
Defensa valora decisión
El abogado del imputado, Freddy Manuel Díaz, calificó como acertada la decisión del tribunal de rechazar la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público, al considerar que no existía peligro de fuga ni elementos suficientes que justificaran la medida más gravosa.
“El tribunal actuó conforme al Estado de derecho. No se justifica prisión preventiva para un tipo penal que no lo amerita y sin arraigo suficiente”, declaró Díaz.
Además, cuestionó la actuación de la DGM, señalando que su equipo legal intentó sentar un precedente que calificó de “arbitrario y abusivo”. A su juicio, el tribunal corrigió esa postura institucional al garantizar el respeto al debido proceso.
Ministerio Público solicitó medida más estricta
El Ministerio Público había solicitado la presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$200,000, con base en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la jueza impuso solo la presentación periódica y una garantía de RD$100,000.
Acusaciones en su contra
Po Xie está acusado de obstrucción a la labor de los agentes migratorios y de agresión física a un abogado de la DGM, a quien supuestamente sujetó y forzó a reingresar a la tienda durante el operativo, ocurrido el pasado 28 de mayo.
La DGM también lo señala como reincidente en la contratación de trabajadores indocumentados, motivo por el cual habría sido sancionado previamente con una multa de RD$450,000.
El caso ha generado amplio interés público al involucrar temas sensibles como el control migratorio, los derechos laborales y la contratación de extranjeros sin documentación legal, en un contexto de creciente fiscalización por parte de las autoridades dominicanas.