El Gobierno de Nicaragua ha retirado los permisos a otras dos universidades más alegando supuestas irregularidades que ya han servido en un pasado para cerrar e ilegalizar a partidos y organizaciones contrarias a las líneas defendidas por el presidente del país, Daniel Ortega.
Las afectadas son la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas instituciones privadas registradas como asociaciones, que se unen a las diez universidades canceladas desde 2022. En lo que va de año, al menos tres universidades han sido disueltas, ha informado el diario ‘La Prensa’.
Según el comunicado publicado en ‘La Gaceta’, diario oficial del Gobierno, entre las irregularidades que se nombran para justificar la retirada del permiso a la UPAN destaca que no cuenta con la infraestructura necesaria para impartir su oferta académica y que no tiene autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras.
Por su parte, con respecto a la UNIP, el diario oficial subraya que la institución «no cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional». Asimismo, tampoco cuenta, al igual que la UPAN, con autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras supuestas irregularidades.
«La Asociación Universidad del Pacífico (UNIP) ha obviado información relativa a la realización de actvidades académicas y de titulación en el extranjero, otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior», reza el texto.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
El Gobierno de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Una de las últimas medidas afectó, la pasada semana, al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, que fue cancelado.