Gobierno de Guatemala decreta estado de sitio tras asesinatos de policías y motines carcelarios

Ciudad de Guatemala. – El asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, atribuido a presuntos pandilleros, así como los amotinamientos registrados en al menos tres centros penitenciarios, reavivaron este domingo el enfrentamiento entre el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y las principales estructuras criminales del país.

La escalada de violencia llevó al mandatario a declarar el estado de sitio por un período de 30 días, una medida de excepción que permite a las autoridades realizar detenciones sin orden judicial, en el marco de las acciones para recuperar el control de la seguridad pública.

El origen del conflicto se remonta a julio pasado, cuando un ataque armado en una funeraria ubicada en el centro de la capital dejó siete personas muertas durante las honras fúnebres de un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha. El ataque, atribuido a sicarios de la organización rival Barrio 18, provocó que el Ejecutivo ordenara el traslado de los cabecillas de estas estructuras a la cárcel de alta seguridad Renovación I, al considerar que los crímenes eran dirigidos desde prisión.

Ese traslado implicó el fin de privilegios y comodidades con los que, según las autoridades, contaban los líderes pandilleros en otros centros penitenciarios. Entre ellos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, uno de los principales cabecillas de Barrio 18, condenado a más de 80 años de prisión por asesinato y otros delitos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la pérdida de beneficios como aire acondicionado, alimentos a domicilio y condiciones especiales de reclusión habría motivado uno de los motines registrados el pasado fin de semana en Renovación I, como parte de una reacción violenta de estas estructuras criminales.

Analistas señalan que los amotinamientos y los asesinatos de agentes policiales buscan generar un clima de inestabilidad en un año clave para el sistema de justicia guatemalteco, marcado por el inminente relevo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y la renovación de la Corte de Constitucionalidad.

En ese contexto, el presidente Arévalo afirmó que el Gobierno conoce a los responsables intelectuales de los ataques y los vinculó a sectores que, según dijo, se han beneficiado históricamente de la corrupción y buscan frenar los cambios institucionales impulsados por su administración.

Con la declaratoria del estado de sitio —el penúltimo nivel de excepción que contempla la Constitución guatemalteca— el Ejecutivo podrá intensificar los operativos de seguridad y efectuar capturas de personas sospechosas de terrorismo o sedición, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los crímenes y restablecer el orden.