La jueza de Atención Permanente, Fátima Veloz, impuso 18 meses de prisión preventiva a siete de 10 imputados en el caso Pandora, a raíz de la operación Pandora con la que el Ministerio Público asegura desmantelamiento de red criminal de policías que habrían sustraído más de 900 mil proyectiles valorados en casi 65 millones de pesos. Además, la jueza declaró el caso como complejo.
Los siete imputados que cumplirán prisión irán a la cárcel de Operaciones Especiales dada su condición de no civiles.
Se recuerda que tres decidieron colaborar con las investigaciones del órgano persecutor. A estos se les impuso a uno de ellos arresto domiciliario y a dos garantía económica. Así lo informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
El arresto domiciliario es para Miguelina Bello Segura, la única mujer y civil involucrada. Mientras que Víctor Santos pagará una garantía económica de tres millones de pesos mediante una compañía aseguradora y Ángel Gómez de dos millones.
La acusación, que consta de 213 páginas, incluye 135 elementos de prueba contra los imputados.
Prisión preventiva
18 meses de prisión preventiva es la medida de coerción que la jueza Fátima Veloz impuso al coronel de la Policía Nacional, Narciso Antonio Féliz Romero, acusado de liderar la presunta red.
Por 18 meses también irán a prisión, los capitanes de la Policía Nacional, Juan Miguel Pérez Soler y Nelson Valdez, responsable del depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Morelbin Medina Pérez.
Estos son todos los imputados en caso Pandora
Los acusados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
