¿En qué momento?

Hace poco, la Procuraduría General de la República emitió, de la mano de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso Gómez, la siguiente declaración:

“…exhortó al Congreso Nacional aprobar el nuevo Código Penal para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar esa normativa a los nuevos tiempos y, así, evitar que delitos que requieren de sanciones más razonables tengan que ser sancionados con penas que resultan irrisorias. Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”.  Asimismo, indicaba, además, “Múltiples conductas que son realmente delitos de dolo eventual, deben ser tipificados por el Ministerio Público como delitos culposos por falta de un Código Penal actuali­zado y esto impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”.

Cuando vemos esto, nos remontamos a muchos casos que en el pasado, que han cometido hechos horrendos; o de una característica de organización criminal extrema, como es el asociarse para cometer un asesinato por paga, que muchas veces la prensa ha acuñado como sicariato, aunque no es un concepto que jurídicamente esté tipificado en nuestra normativa  penal; o el más lamentable hecho ocurrido hace más de dos meses, y donde murieron de 236 personas, más de un centenar de lesionados y más de cien niños huérfanos; registrándose como una de las catástrofes más dolorosas que haya marcado más a la sociedad dominicana como la del Jet Set.

Y que hoy, refiriéndonos a ese hecho, tengamos que estar hablando de un 319 del vetusto y no funcional, Código Penal Dominicano actual, que solo tiene como sanción penas que oscilan de 6 meses a 2 años y multas irrisorias por demás.  Más que una pena, hoy en este siglo, luce un regalo o una burla, no solo a un conglomerado social, sino una afrenta para algo que se llame sistema.

Porque lo que esa cantidad de víctimas va a recibir, no es justicia, es más bien, un consuelo para quienes de forma irres­ponsable, negligente y a sabiendas de las condiciones del lugar, actuaron como seres humanos de baja estofa, porque le dieron de lado a lo que era lo principal en un lugar público, la seguridad, en detrimento de la vida, que es lo más preciado.

Teniendo un negocio que era lucrativo, reconocido socialmente en el país y más que un nombre, llegó a decirse que era una marca país.  Sin embargo, hoy y siempre, será recordado como el responsable del mayor acto de muerte que haya causado más conmoción hasta el momento.

Entonces, para que hechos como el narrado y como los tantos en que el atropellar un ser humano por alguien que ha ingerido alcohol, sigue también siendo un acto en el que un Estado no es capaz de castigar a quien actúa en esa forma acabando con vidas jóvenes y productivas, llenando de luto también a muchas familias cada año. Si no recordemos, aunque como ya no es una noticia reciente, sigue calando el dolor la muerte del joven profesional, Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presi­dente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa.

O hechos, como el que hemos mencionado más arriba, de asesinatos por encargo, los sicariatos, que deberían tener también otra sanción mucho más grave, y no estar hablando de 20 años para cómplices en este tipo de tramas criminales y dejando de lado al autor intelectual, que  debería tener la misma pena que el autor material, como acogiendo la teoría alemana, del Autor Mediato. Esto es, porque si alguien que paga para matar, tiene en su control el que se pueda ejecutar o no el hecho pensado y planificado.

Hace tiempo, que esta sociedad debió tener una nueva normativa penal, y, sin embargo, por supuestas excusas de dogmas, por la irresponsabilidad de legisladores, de los partidos mayoritarios que han dominado el Congreso en su oportunidad, de ayer y de hoy, han creado mayor impunidad, aumento de la desconfianza del pueblo en su sistema judicial y una contradicción jurídica con la realidad de hoy. ¿En qué momento será grupos de poder?