El Sistema Financiero Dominicano y la Ley del Embudo

En los actuales momentos en que nuestro país y el mundo están siendo afectados drásticamente por la pandemia de la Covid-19, nuestro Sistema Financiero mantiene una brecha muy desigual entre la tasa activa y la tasa pasiva de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorros y préstamos.

La tasa activa es el interés que cobran las instituciones financieras por los préstamos concedidos, mientras que la pasiva es la que estas pagan a los que poseen cuentas de ahorros y certificados a plazos fijos.

Consideramos que tanto la Superintendencia de Bancos (SIB) como el Defensor del Pueblo (DP) deben prestar mucha atención y tomar las medidas correspondientes a lo que está ocurriendo en estos momentos con todos los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos de nuestro país.

¿Cómo es posible que en plena crisis sanitaria, muchos dominicanos ya pensionados, retirados o cancelados de sus funciones, que abrieron certificados a plazos fijos en esas instituciones financieras a un 7, 8 y 9 % de interés anual para poder subsistir sus últimos años y poder así atender a sus problemas de salud, hoy dichas instituciones les reducen el pago de sus intereses a un 3 y hasta menos de 1% sin previo aviso, pero al mismo tiempo conceden los préstamos a un 16, 18, 20 y hasta un 24 %? Esto no tiene ningún tipo de justificación.

Esta acción en vez de incentivar el ahorro lo que hace es castigar a las personas, que con muchos sacrificios depositan el ahorro del trabajo de toda una vida en esas instituciones financieras, contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento del país. Esto constituye una sanción en vez de una recompensa a los ahorrantes; un abuso más de los tantos que viene cometiendo el sistema financiero dominicano y lamentablemente la SIB ni el DP se han pronunciado al respecto, muy por el contrario, con su silencio sepulcral se hacen cómplices en grado sumo con esta incalificable injusticia.

Desgraciadamente siempre ha sido así. Estas instituciones financieras actúan tal como lo expresa el refrán popular sobre la ley del embudo: «lo ancho para ellos y lo estrecho para uno». Muchas personas con edad muy avanzada han vendido sus viviendas, fincas o solares y han abierto certificados de ahorros para con los intereses ganados cubrir los gastos de sus últimos años de vida, dado de que en nuestro país no existe un sistema de seguridad social que los proteja en su vejez.

Otras medidas abusivas e injustas que vienen cometiendo los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos son las siguientes:

1- A los clientes que deciden cancelar sus préstamos antes de su vencimiento, se les aplica una penalidad.

2- Si se deja de depositar en su cuenta de ahorros, a partir de los seis meses, aunque se tenga una gran cantidad depositada, se le aplica un cargo de 50 y 100 pesos por cada mes dejado de depositar.

3- En las cuentas de ahorros en dólares, se le aplica un recargo de 20 dólares por cada mes dejado de depositar después de los seis meses, lo que no lo generan sus ahorros. Sin embargo, la institución se beneficia del dinero que los ahorrantes deposita en ella.

Con este proceder nuestras instituciones financieras hacen suya, aunque no compartimos la misma, aquella famosa frase de Berthol Brecht: «Robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo».

Por último, en la próxima reforma fiscal, este es un tema que debe ser colocado en primer orden para corregir estas distorsiones. Sugerimos que a las personas envejecientes que tengan certificados de ahorros hasta un límite establecido, sean exoneradas del pago del10 % de impuestos que se aplica a los intereses recibidos por dichos certificados, pues no es justo que además de la baja tasa de interés que reciben, se les aplique dicho impuesto a todos por igual.