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Domínguez Brito rechaza creación del Ministerio de Justicia: “No resuelve nada y complica todo”
Santo Domingo. – El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, rechazó este viernes la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contemplada en un proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado. A su juicio, la iniciativa no aporta soluciones y solo agregaría burocracia al aparato estatal.
A través de su cuenta en la red social X, el también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó la propuesta como “un gran disparate” que debilita al Ministerio Público, genera gastos innecesarios al contribuyente y abre espacio para el clientelismo político.
“La creación del Ministerio de Justicia es un gran disparate. No resuelve nada, complica todo. Debilita al Ministerio Público, implica más gasto y abre espacio para más botellas en un gobierno ya sobredimensionado”, escribió Domínguez Brito.
El proyecto, de autoría de los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, busca reasignar al nuevo ministerio diversas funciones actualmente bajo la responsabilidad del Ministerio Público, como parte de un proceso para reducir su carga operativa y, según argumentan sus proponentes, garantizar el principio de especialidad y eficiencia.
De ser aprobado y promulgado, el Ministerio de Justicia asumiría el control de áreas como:
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Dirección General de Prisiones
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Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados
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Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones
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Centros de Atención al Ciudadano
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División de Repatriados y Control de Alquileres y Desahucios
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Servicio de Representación de Derechos de Víctimas
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Escuela Nacional Penitenciaria
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Modelo de Gestión Penitenciaria
Además, contará con viceministerios para Política Judicial, Derechos Humanos, Asuntos Legales y Administración Penitenciaria.
Atribuciones del Ministerio de Justicia
Entre sus funciones, según el proyecto, se encuentran:
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Coordinar relaciones del Poder Ejecutivo con el sistema de justicia y derechos humanos.
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Asesorar al Ejecutivo en políticas públicas vinculadas a la justicia y derechos humanos.
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Administrar el sistema penitenciario y promover la rehabilitación y reinserción social.
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Representar legalmente a víctimas, previa solicitud, y coordinar su protección con el Ministerio Público.
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Tramitar solicitudes de indultos presidenciales conforme a la ley y convenios internacionales.
La propuesta ha generado debate entre juristas y sectores políticos, algunos de los cuales la ven como un paso hacia una mayor institucionalización del sistema de justicia, mientras otros, como Domínguez Brito, consideran que debilita la independencia del Ministerio Público y aumenta la burocracia estatal.