Digeig bajo escrutinio: entre avances institucionales y cuestionamientos sobre su alcance frente a la corrupción

Santo Domingo. – La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia han sido dos de las principales banderas del Gobierno del presidente Luis Abinader desde su llegada al poder en 2020. En ese año, ambos ejes se convirtieron en parte central del discurso que impulsó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) frente a un Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debilitado y señalado por prácticas que, según sus adversarios, erosionaron la credibilidad institucional.

“Caiga quien caiga”, advirtió entonces el mandatario, al prometer la consolidación de un Estado más ético y responsable.

La Digeig: un pilar en la agenda de transparencia

En este contexto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) se posicionó como uno de los instrumentos clave de esa agenda. Su titular, Milagros Ortiz Bosch —primera mujer electa vicepresidenta de la República— ha consolidado una imagen pública vinculada a la defensa de causas sociales y a un discurso de rectitud.

Cuestionamientos Recientes

No obstante, en los últimos meses, la institución ha sido objeto de cuestionamientos por parte de partidos de oposición y sectores de la opinión pública. Las críticas se centran en los criterios de monitoreo y evaluación aplicados a gestiones posteriormente vinculadas a presuntos casos de corrupción, como los relacionados con Santiago Hazim en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Hugo Beras en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La interrogante planteada por distintos actores es directa: ¿cómo opera la entidad llamada a guiar la ética pública en un país donde la corrupción continúa siendo un problema estructural? ¿Cuáles son, en la práctica, sus atribuciones y limitaciones?

Radiografía institucional de la Digeig

Adscrita al Ministerio de la Presidencia, la Digeig comenzó a operar como dirección en 2012. Para 2026, cuenta con un presupuesto asignado de 401 millones de pesos y una nómina mensual que asciende a RD$12,725,966.

Según datos oficiales, la estructura institucional se mantiene prácticamente estable: de 172 colaboradores en 2020 pasó a 169 en la actualidad, a pesar de que —según la entidad— sus funciones rectoras se han ampliado.

Denuncias y Remisiones

Al 28 de enero de 2026, la Dirección registraba 22 denuncias en proceso de investigación y resolución. Entre 2020 y 2026, recibió 1,151 denuncias y concluyó 1,225 casos, cifra que incluye expedientes heredados de administraciones anteriores. La institución sostiene que esto permitió saldar pasivos históricos y alcanzar, en 2023, la resolución total de la carga acumulada.

Cuando las investigaciones arrojan indicios penales, los expedientes son remitidos al Ministerio Público. Desde agosto de 2020 hasta enero de 2026, se enviaron 61 casos a la Procuraduría General de la República, particularmente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Casos de alto perfil y evaluaciones controversiales

Entre los procesos de mayor visibilidad figuran los vinculados a la Lotería Nacional (fraude estimado en 500 millones de pesos), el Instituto Postal Dominicano (irregularidades contractuales), el Plan Social de la Presidencia (desaparición de discos duros), el Ministerio de Salud Pública (venta de cargos) y el Ministerio de Agricultura (malversación de 3.8 millones de pesos).

Senasa, Intrant y el debate sobre evaluaciones

Uno de los puntos más controvertidos es el sistema de evaluación de los portales de Transparencia. Entre enero y septiembre de 2025, Senasa obtuvo una puntuación promedio de 90.95 % en los informes mensuales de la Digeig, y en 2021 alcanzó incluso una calificación de 100 puntos.

Santiago Hazim, entonces director ejecutivo, vinculó esos resultados con el compromiso institucional con la transparencia. Posteriormente, fue sometido a la justicia junto a otros imputados, en un proceso en el que el Ministerio Público estima un presunto fraude superior a 15,900 millones de pesos.

“Senasa tenía cosas mucho más graves. Parece que no tenía una auditoría interna”, sostuvo Ortiz Bosch al referirse al caso.

La funcionaria aclara que existe confusión sobre el alcance de las evaluaciones: la Digeig no audita la gestión financiera ni los procesos de compras, sino que verifica el cumplimiento formal de la publicación de documentos obligatorios en los portales institucionales.

Una situación similar se produjo en el Intrant. Hugo Beras, hoy imputado por un presunto desfalco superior a 12,000 millones de pesos, recibió un promedio de 96.08 % entre agosto de 2022 y noviembre de 2023 por el cumplimiento en la publicación de informes.

Actualmente, la Digeig asegura que el 95.3 % de las instituciones públicas cumple con la obligación de mantener actualizados sus portales de transparencia, frente a un 40 % registrado en 2020.

Limitaciones y propuestas de mejora

Una de las principales limitaciones señaladas es la ausencia de facultades sancionatorias. La Dirección puede monitorear, recomendar y remitir expedientes, pero no imponer castigos.

Ortiz Bosch ha defendido un proyecto de ley que transformaría la entidad en la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, con potestades administrativas para aplicar medidas disciplinarias, aunque sin sustituir a los órganos judiciales.

Posturas encontradas

Desde la oposición, el escepticismo persiste. El vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, cuestiona la actualización de los portales y el cumplimiento de las declaraciones juradas de patrimonio. Asegura haber solicitado explicaciones formales sobre casos remitidos al Ministerio Público y sostiene que la cifra oficial sería menor a la inicialmente señalada.

Por su parte, Rafael Castillo, diputado de la Fuerza del Pueblo, considera que las altas calificaciones otorgadas a instituciones posteriormente investigadas evidencian debilidades técnicas en el modelo de evaluación.

En el plano académico, el sociólogo Celedonio Jiménez plantea que la adscripción al Poder Ejecutivo podría limitar la autonomía institucional.

Ortiz Bosch rechaza esa posición y afirma que el presidente de la República no interfiere en sus funciones, aunque reconoce haber recibido presiones de funcionarios.

Desde la sociedad civil, Joseph Abreu, excoordinador de Participación Ciudadana, entiende que la Dirección cumple su función de notificar y canalizar irregularidades.

Mientras, Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, puntualiza que no se le pueden atribuir responsabilidades que competen al Ministerio Público, la Cámara de Cuentas o la Contraloría General. “La Digeig diseña políticas, previene y denuncia; no puede verse como la única institución que resolverá el problema de la corrupción”, resume.

Indicadores y contexto actual

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, de Transparencia Internacional, la República Dominicana obtuvo 37 puntos y ascendió al puesto 99, mejorando respecto al lugar 104 del año anterior. No obstante, especialistas coinciden en que los avances dependerán del funcionamiento coordinado del Congreso Nacional, los órganos de control y el sistema de justicia.

El factor personal de Milagros Ortiz Bosch

Tras una extensa trayectoria en la vida pública, Ortiz Bosch admite que le preocupa el futuro institucional de la Digeig. Frente a quienes han sugerido su retiro, responde con ironía que agradecería un movimiento social que la envíe a casa, aunque ese relevo aún no se ha producido.

“Yo estaría contentísima”, afirmó.