Despidos en DeKolor: empleados se mantienen en la cuerda floja

Santo Domingo. – Aproximadamente 400 trabajadores de la empresa DeKolor S.R.L. se encuentran atrapados en un limbo jurídico y económico, en medio del proceso judicial que involucra a José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochy Gómez) y otros implicados en la denominada Operación Camaleón.

Mientras el Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción y la sustracción de fondos públicos, los empleados han denunciado que fueron desvinculados de sus puestos sin recibir el pago de sus prestaciones laborales. Esta situación impacta a cientos de familias que, según relatan, fueron notificadas de su despido a través de mensajes en grupos de WhatsApp, sin recibir cartas formales de despido ni documentos de desahucio.

Desvinculación sin pago de prestaciones

Trabajadores como Mary Dolfy, Ray Álvarez y Onil Jiménez han expresado su descontento, afirmando que, tras varios años de servicio en la compañía, recibieron instrucciones de no regresar a sus labores. La notificación, según explicaron, fue enviada a través de mensajes en grupos de WhatsApp dirigidos a los empleados.

Los testimonios indican que la empresa había prometido que el pago de las prestaciones laborales se realizaría en un plazo de 10 días laborables a partir del 28 de febrero de este año. Sin embargo, hasta la fecha, ese compromiso no se ha cumplido y los trabajadores aún no han recibido los pagos correspondientes.

Ante esta situación, algunos empleados han acudido al Ministerio de Trabajo en busca de orientación. Sin embargo, el proceso se encuentra estancado debido a que la empresa no ha presentado los informes laborales requeridos ante las autoridades.

El conflicto por más de 700 millones de pesos

El centro de la disputa gira en torno a una cifra que aparece tanto en la versión de la empresa como en la acusación del Ministerio Público. La defensa de DeKolor, representada por el abogado Marino Feliz, sostiene que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adeuda a la compañía aproximadamente 735 millones de pesos por servicios facturados. Según esta versión, la empresa no cuenta con liquidez para pagar las prestaciones laborales debido a que el Estado no ha saldado esa deuda.

Por su parte, Jochy Gómez ha afirmado que durante el proceso de desalojo de las instalaciones del Intrant se discutió la posibilidad de transferir 120 millones de pesos destinados a cubrir pagos laborales, operación que —según su versión— nunca se ejecutó. El Intrant, representado en el proceso por el Ministerio Público, niega la existencia de esa deuda.

La acusación del Ministerio Público

Dentro de la Operación Camaleón, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que, a través de la empresa PagoRD Xchange S.R.L., también vinculada a Gómez, se sustrajeron RD$730,405,431.25 del flujo de ingresos del Intrant.

En ese período, el director del Intrant era Hugo Beras, quien ha sido acusado de presuntamente facilitar adjudicaciones irregulares, favorecer empresas sin capacidad técnica y permitir la manipulación del sistema de videovigilancia y de la red semafórica.

Según la investigación, esos recursos correspondían a pagos realizados por ciudadanos para la tramitación de licencias de conducir y otros servicios que debían depositarse en la cuenta colectora del Estado. El Ministerio Público describe ese monto como un faltante de ingresos que nunca ingresó a las cuentas oficiales.

La acusación también señala que DeKolor S.R.L. habría formado parte de un esquema junto a PagoRD Xchange S.R.L. para drenar recursos públicos. Entre los señalamientos se incluyen la utilización de adendas contractuales con proyecciones de facturación infladas —una de ellas cercana a los 936 millones de pesos— y la manipulación de contratos relacionados con licencias de conducir.

Trabajadores en medio del conflicto

Mientras el proceso judicial continúa en los tribunales, los trabajadores aseguran haber quedado desamparados en medio de la disputa. Por un lado, la empresa sostiene que el Estado le adeuda cerca de 735 millones de pesos, recursos que —según su defensa— permitirían cubrir las prestaciones laborales pendientes. Por otro lado, el Ministerio Público afirma que más de 730 millones de pesos fueron sustraídos del flujo de ingresos del Intrant mediante un esquema fraudulento.

En medio de estas posiciones encontradas, los empleados de DeKolor permanecen a la espera de una solución que les permita recibir las prestaciones correspondientes tras su desvinculación laboral.