Autoridades desmantelan sistema de videovigilancia usado por delincuentes en Guachupita

Santo Domingo. – Este lunes se dio a conocer, a través de un reportaje publicado en un medio de circulación nacional, una denuncia sobre cómo presuntos delincuentes utilizaban cámaras de videovigilancia para monitorear las acciones de los organismos de seguridad en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

Horas después de la publicación, más de 15 agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) acudieron a la calle Ramón Matías Mella de la referida comunidad, donde fueron vistos utilizando escaleras móviles para desinstalar los dispositivos de seguridad colocados en postes de luz y presuntamente controlados por grupos delictivos.

La preocupación de los comunitarios había sido verificada por reporteros el pasado 28 de septiembre, cuando visitaron la zona en momentos en que dos jóvenes eran perseguidos por la Policía Nacional, acusados de cometer diversos delitos.

Los señalados como Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez, alias “Mazazo”, de 21, se mantenían atrincherados y armados dentro de una vivienda ubicada en la misma calle donde operaba el sistema tecnológico.

Tras más de dos horas de tensión, ambos se entregaron voluntariamente a los más de 30 agentes que rodeaban la edificación. Según declaraciones de miembros policiales, las cámaras eran utilizadas por los jóvenes para anticipar las intervenciones de las autoridades y vigilar posibles ataques de bandas rivales.

Aunque los periodistas no pudieron acceder a la vivienda, testigos que mediaron en la entrega grabaron videos desde el interior, mostrando a los prófugos, quienes enfrentaban tres órdenes de arresto emitidas por un tribunal.

En redes sociales circularon imágenes que mostraban a los jóvenes escondidos en una habitación con un arma de fuego, observando los movimientos del contingente policial a través de una televisión conectada al sistema de cámaras.

Ocho días después del incidente, los equipos de videovigilancia seguían instalados, a pesar de que, según residentes de la zona, las autoridades estaban “conscientes de su uso delictivo”.

“Después de que se los llevaron, por aquí no ha regresado ningún policía a tumbar las cámaras, y ellos saben para qué son esas cámaras…”, declaró un vecino, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Sin embargo, tras la difusión del reportaje, las autoridades del área procedieron finalmente al retiro de los aparatos.

Otros casos similares

Según recopilaciones periodísticas, en el país se han registrado al menos cuatro casos similares en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el propio Distrito Nacional.

El entonces ministro de la Presidencia, Joel Santos, había reconocido el 5 de agosto del pasado año que el Poder Ejecutivo estaba al tanto de esta práctica, implementada desde hace años por grupos delictivos, aunque admitió que su erradicación total sigue siendo un desafío para las autoridades.