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Intrant propone mayor participación de alcaldías en la fiscalización del tránsito
Santo Domingo – El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, ha planteado la necesidad de que las alcaldías asuman un papel más activo en la gestión del tránsito. Esto incluye no solo la colocación de multas, sino también el uso de policías municipales para apoyar la fiscalización en las calles.
La importancia de la participación municipal
Morrison explicó que la gestión del tránsito no puede recaer únicamente en las autoridades nacionales. Es fundamental que los gobiernos locales participen de manera directa en esta labor, ya que están en una posición clave para contribuir al ordenamiento del tránsito dentro de sus territorios.
Capacitación de cuerpos de policía municipal
El director del Intrant destacó que los municipios cuentan con cuerpos de policía municipal que podrían recibir capacitación y orientación para colaborar en diversas tareas de fiscalización. Entre estas tareas se incluyen:
- Evitar el estacionamiento indebido.
- Controlar el desorden en las paradas de transporte.
- Prevenir infracciones que afectan la movilidad urbana.
Redistribución de recursos de multas
Para que las alcaldías puedan asumir este rol de manera efectiva, es necesario revisar la distribución de los recursos provenientes de las multas de tránsito. La Ley 176-07 establece en su artículo 120 la autoridad de los ayuntamientos para imponer multas de tránsito dentro de sus territorios.
No obstante, Morrison explicó que actualmente la mayor parte de esos fondos se destinan a otras instituciones. Por lo tanto, propuso una distribución más equilibrada que permita a los gobiernos locales contar con recursos suficientes para invertir en:
- Señalización.
- Semaforización.
- Control del tránsito.
Propuesta de redistribución de las multas
Morrison indicó que en la actualidad, el 75 % de los recursos recaudados por multas de tránsito se destinan a la Procuraduría General de la República, mientras que el 25 % restante corresponde al Intrant. Ante esta situación, el funcionario planteó la necesidad de modificar la Ley 63-17 para redistribuir los recursos de manera más equitativa.
La propuesta contempla que los fondos provenientes de las multas se repartan de la siguiente forma:
- 25 % para la Procuraduría General de la República.
- 25 % para el Intrant.
- 25 % para las alcaldías.
- 25 % para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
Beneficios de la propuesta
Según Morrison, esta medida permitiría fortalecer la gestión del tránsito a nivel municipal y mejorar las acciones de fiscalización y organización del transporte en las ciudades del país. Al empoderar a las alcaldías con recursos adecuados, se espera una mejora significativa en la movilidad urbana y en la calidad de vida de los ciudadanos.